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El ex fiscal general de la Nación Mario Iguarán Arana habló con LA FM de la importancia de tener claro que una cosa es un fiscal ad hoc y otra una Fiscalía Ad hoc. El pronunciamiento lo hizo luego de que la Corte Suprema de Justicia diera luz verde a la elección de un fiscal especial para que investigue la trama de corrupción de Odebrecht en Colombia, tras el escándalo que rodea a Néstor Humberto Martínez, actual jefe del ente acusador.
De acuerdo con Iguarán Arana, no comparte las tesis que defienden crear una Fiscalía paralela para que investigue las maniobras de Odebrecth en Colombia. "No comparto la idea de algunos, entiendo que el propio señor procurador (Fernando Carrillo), de crear una Fiscalía paralela porque él hablaba no solo de un fiscal ad hoc sino de una Fiscalía ad hoc. Me parece que eso sería, de una parte inconveniente, y de otra parte inconstitucional", señaló.
"El día de mañana, cuando la Corte Suprema, como en muchas ocasiones, se declare impedida y nombren conjueces, no faltaría alguien que en un ataque de originalidad o invocando este antecedente de la Fiscalía ad hoc, dijiese que esos conjueces necesitan una secretaría ad hoc, unos auxiliares ad hoc, porque eso no daría garantías a la investigación toda vez que esos funcionarios empleados de la Corte o los fiscales titulares tendrían ascendencia sobre ellos", agregó.
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Según Arana, no esperaba esa decisión de la Corte Suprema de Justicia. "El día de mañana personas que fueron investigadas y acusadas por un vicefiscal, porque el fiscal general se declaró impedido o fue recusado, bien podría pensar en una revisión, una nulidad del proceso que se les llevó en su contra. Más si resultaron condenadas. No se puede desconocer que el vicefiscal siempre es una persona cercana al fiscal", agregó.
El tribunal aceptó un pedido de la propia Fiscalía General de la Nación, que dirige Néstor Humberto Martínez, y pidió al presidente Iván Duque que le presente una terna de candidatos. Martínez ya se había declarado impedido de conocer esta causa y en su lugar venía actuando la vicefiscal María Paulina Riveros, quien también pidió ser apartada del caso ante los audios y testimonios que comprometen la imparcialidad de su jefe en la investigación.
La Corte afirmó que solicitó a Duque una terna "para designar fiscal general ad hoc que actúe en expedientes que venía conociendo la vicefiscal sobre sobornos de #Odebrecht". Una serie de revelaciones periodísticas sugieren que Martínez sabía de los sobornos de la multinacional brasileña antes de ser nombrado fiscal en 2016, pese a lo cual no los denunció.
El jefe del ente acusador era entonces abogado de la empresa Corficolombiana, socia de Odebrecht en el país. Martínez descartó renunciar a su puesto, como lo pidió la oposición, y aseguró que es víctima de una suerte de venganza por la "lucha" que ha emprendido contra la corrupción. "Celebro que (...) en estos casos de impedimento se dé vía libre al fiscal ad hoc", dijo a medios Martínez.
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En 2016, Odebrecht reconoció ante la justicia estadounidense haber obtenido jugosos contratos mediante sobornos a políticos, en una práctica que siguió en 12 países, incluido Colombia. Hasta el momento seis personas han sido condenadas por este escándalo en Colombia, donde se pagaron coimas por 32,5 millones de dólares.
El caso tomó un giro dramático tras la muerte el 8 de noviembre de Jorge Enrique Pizano, el auditor del consorcio que formó la firma brasileña junto con la local Corficolombiana para la construcción de la vía que comunicaría el centro con el norte del país. Tres días después su hijo falleció envenenado con el cianuro que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre. Ambas muertes están bajo investigación.
Pizano, que en principio habría muerto por un infarto, dejó grabada una entrevista en la que asegura que el entonces abogado y hoy fiscal general supo de las irregularidades del consorcio y no lo denunció.
