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Cinco contratos por más de 3.000 millones de pesos son los que tienen en 'apuros' a Nicolás Petro, luego de que la Fiscalía radicara una nueva imputación contra el hijo del presidente de la República, por celebración indebida de contratos y falsedad en documento público, como lo reveló el fin de semana La FM.
En estos días, se espera conocer la fecha para la audiencia de imputación de cargos. Los hechos tendrían relación con actuaciones aparentemente irregulares de Petro Burgos, cuando se desempeñaba como diputado del Atlántico.
Al parecer, estos convenios estaban destinados en brindarle atención a adultos mayores, así como estudiantes con discapacidad en diferentes municipios del departamento. Sin embargo, no habrían cumplido con su objeto misional.
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El ente acusador imputó la radicación de cargos en un juzgado de Barranquilla; al tiempo, pedirá que sea cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Con éste, ya son dos los procesos que enfrentaría el exdiputado del Atlántico. El primero es por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de que, al parecer, recibiera dineros aparentemente ilegales para la campaña presidencial 2022, recursos que no habrían llegado a su destino; situación que lo llevó a su captura a finales de julio de 2023, cuando se encontraba con su pareja sentimental en un apartamento en el norte de la capital del Atlántico.
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En el proceso también fue vinculada Day Vásquez, su expareja sentimental, y quien fue la encargada de 'prender el ventilador'. No obstante, ella pasó a ser 'estrella' del caso, al acordar un principio de oportunidad con la Fiscalía; pero enfrenta un proceso por violación de datos personales.
Actualmente, el ente acusador avanza en el proceso, el cual, entrará a una etapa crucial, al ser programada para el 4 y 5 de noviembre las audiencias en las que se resolverán las solicitudes de exclusión presentadas por su defensa. De esta manera, Hugo Carbonó, juez Segundo Especializado, decidirá qué pruebas irán al juicio.
Durante las diligencias, la defensa del hijo del jefe de Estado manifestó que varios bienes tomados como evidencias, como un vehículo BMW y una casa en el municipio de Tubará, Atlántico, fueron atribuidas de forma irregular a su cliente.
