Audiencia de Isaías Chalá Ibarguen, alcalde de Quibdó, Chocó
RCN Radio
2 Sep 2019 12:15 PM

A la cárcel Isaías Chalá, alcalde de Quibdó (Chocó) y tres contratistas

La decisión se tomó al considerar que puede existir obstrucción a la justicia y podrían incurrir en nuevas irregularidades
Jenny
Rocio Angarita
@jennyr2207

La juez 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, dictó medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario contra el alcalde de Quibdó, Isaías Chalá Ibarguen y los otros tres contratistas.

Como un 'atentado contra la administración pública', calificó la funcionaria judicial la supuesta actuación tanto del mandatario local y de los contratistas identificados como: Cesar Augusto Mosquera Hurtado, Emir Parra Palacios y Rodolfo Nelson Córdoba Pino, quienes habrían generado un presunto detrimento patrimonial para el municipio de Quibdó de 406 millones de pesos.

El proceso está relacionado la construcción de la Unidad de Salud Intermedia de Salud para el sector del Caraño, de la capital chocoana, obras que hoy están inconclusas y abandonadas.

De acuerdo con la investigación, la construcción generó una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos, sin embargo, nunca se puso en funcionamiento el centro de salud.

Por considerar que puede existir obstrucción a la justicia y que podrían incurrir en nuevas irregularidades que, afectarían directamente la investigación, la funcionaria judicial sustentó la medida.

“Es claro para el despacho que las conductas enrostradas tienen notoria gravedad, que no puede calificarse como ‘una película de terror’ fraguada por la Fiscalía, como lo manifestaron los abogados; sin embargo, lo que sí causa terror es la gravedad de las conductas, investigadas”, afirmó la juez.  

Aseguró que, al momento de cometer los hechos de corrupción, “se obvió que a quien más se está perjudicando es a la población, que es altamente vulnerable”.

La funcionaria judicial recalcó que se vulneró el derecho a la salud, que está considerado como fundamental y que además, tiene en riesgo a los niños y a las madres gestantes, que no cuentan con una efectiva prestación del servicio de salud.

“No es una suma cualquiera es casi 5 mil millones de pesos para construir una unidad de salud, que sigue en ruinas”.

Agregó que se afectan directamente más 18 mil habitantes al igual que, una comunidad indígena”.

Obra en ruinas

Entre la maleza, el barro y los escombros se encuentran las columnas de lo que debió ser la Unidad Intermedia de Salud para el sector del Caraño.

“El elefante blanco es una obra en ruinas, un proyecto de construcción que está a medias y que afecta a la población”, aseguró la funcionaria judicial.

La Fiscal había sustentado cómo ocurrieron los hechos en el municipio de Quibdó.

 “Autorizado por el ordenador del gasto, se pagó por obras no ejecutadas al contratista Daniel Borja Palacios en un primer momento 43 millones de pesos”, dijo la Fiscal.

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También señaló que por labores de limpieza y tala de árboles, se desembolsaron 117 millones de pesos.

“Por adelantar excavaciones se pagaron 127 millones de pesos; nunca se justificó la obra y el pago, se hizo directamente”, dijo la Fiscal.

En un fuerte y enérgico pronunciamiento aseguró que el alcalde Chalá Ibargüen, no garantizó la protección de los recursos del municipio.

“Es inconcebible que usted siendo un matemático, haya permitido eso”, dijo la representante de la Fiscalía.

Ante la decisión los abogados del alcalde, solicitaron en recurso de reposición que, sea recluido en una cárcel del departamento de Quibdó, por el arraigo familiar y también, porque los hechos no ocurrieron en Bogotá.

Por considerar que puede existir obstrucción a la justicia y que podrían incurrir en nuevas irregularidades que, afectarían directamente la investigación, la funcionaria judicial sustentó la medida.

“Es claro para el despacho que las conductas enrostradas tienen notoria gravedad, que no puede calificarse como ‘una película de terror’ fraguada por la Fiscalía, como lo manifestaron los abogados; sin embargo, lo que sí causa terror es la gravedad de las conductas, investigadas”, afirmó la juez.  

Aseguró que, al momento de cometer los hechos de corrupción, “se obvió que a quien más se está perjudicando es a la población, que es altamente vulnerable”.

La funcionaria judicial recalcó que se vulneró el derecho a la salud, que está considerado como fundamental y que además, tiene en riesgo a los niños y a las madres gestantes, que no cuentan con una efectiva prestación del servicio de salud.

“No es una suma cualquiera es casi 5 mil millones de pesos para construir una unidad de salud, que sigue en ruinas”.

Agregó que se afectan directamente más 18 mil habitantes al igual que, una comunidad indígena”.

Obra en ruinas

Entre la maleza, el barro y los escombros se encuentran las columnas de lo que debió ser la Unidad Intermedia de Salud para el sector del Caraño.

“El elefante blanco es una obra en ruinas, un proyecto de construcción que está a medias y que afecta a la población”, aseguró la funcionaria judicial.

La Fiscal había sustentado cómo ocurrieron los hechos en el municipio de Quibdó.

 “Autorizado por el ordenador del gasto, se pagó por obras no ejecutadas al contratista Daniel Borja Palacios en un primer momento 43 millones de pesos”, dijo la Fiscal.

También señaló que por labores de limpieza y tala de árboles, se desembolsaron 117 millones de pesos.

“Por adelantar excavaciones se pagaron 127 millones de pesos; nunca se justificó la obra y el pago, se hizo directamente”, dijo la Fiscal.

En un fuerte y enérgico pronunciamiento aseguró que el alcalde Chalá Ibargüen, no garantizó la protección de los recursos del municipio.

“Es inconcebible que usted siendo un matemático, haya permitido eso”, dijo la representante de la Fiscalía.

Ante la decisión los abogados del alcalde, solicitaron en recurso de reposición que, sea recluido en una cárcel del departamento de Quibdó, por el arraigo familiar y también, porque los hechos no ocurrieron en Bogotá.

Finalmente, la juez ratificó su decisión y será directamente el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), el que defina el lugar de reclusión tanto, del alcalde como de los otros implicados en los hechos. 

Fuente
Sistema Integrado de Información