Jurisdicción Especial para la Paz profundiza el diálogo con CPI

Los temas tratados abordaron "el estado de las operaciones de la jurisdicción especial, así como actividades recientes".
Patricia Linares, presidenta de la JEP se reunió con Fatou Bensouda.
Patricia Linares, presidenta de la JEP se reunió con Fatou Bensouda. Crédito: Tomada de la cuenta de Twitter @IntlCrimCourt

Una delegación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encabezada por su presidenta, Patricia Linares, se reunió este miércoles con representantes de la Corte Penal Internacional (CPI) para "profundizar el diálogo" entre ambas instituciones, dijo la fiscal Fatou Bensouda.

Los temas tratados abordaron "el estado de las operaciones de la jurisdicción especial, así como actividades recientes" como la aprobación "de las Reglas de Procedimiento de la JEP", indicó Bensouda en un comunicado.

"Es de la mayor importancia que la jurisdicción especial continúe asegurando que los crímenes de guerra y de lesa humanidad presuntamente cometidos durante el conflicto armado no queden impunes. Seguiremos siendo un socio en ese esfuerzo", puntualizó Bensouda.

En tal sentido indicó que "reiteré a la presidenta de la JEP mi apoyo sostenido a sus esfuerzos por asegurar la justicia para las víctimas, de conformidad con la letra y el espíritu del acuerdo de paz, así como también con los principios, valores y requisitos del Estatuto de Roma".

Un informe de Bensouda puso en cuestión, en diciembre de 2017, la posibilidad de que la JEP dictara amnistías en favor de supuestos responsables de crímenes de guerra y consideró que los casos más graves, de no ser tratados por Bogotá, podrían ser admisibles en La Haya.

Colombia tiene abierto un examen preliminar en la CPI desde 2004 por supuestos delitos cometidos por el Ejército, miembros de la guerrilla de las Farc y fuerzas paramilitares.

La instauración de la JEP se acordó en las negociaciones de paz de La Habana, que pusieron punto final al conflicto armado, y será la encargada de crear las reglas para procesar a los sospechosos de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia.


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