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Ante un juez de control de garantías, Arias aceptó cargos por lavado de activos, concierto para delinquir, contrabando, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía estableció que en el 2007 fueron creadas cerca de 26 empresas, las cuales por iniciativa de la firma R&B CONSULTORES Y ASESORES, de propiedad de la Blanca Jazmín Becerra, sentenciada por estos hechos, les asesoró sobre la manera de obtener la devolución del IVA por la exportación de la chatarra.