Al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado 31 de control de garantías de Cali impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad contra ocho presuntos integrantes del Cartel de la Tutela, una estructura que con decisiones judiciales lograba que personas de alto perfil criminal fueran trasladadas de cárceles de alta y mediana seguridad a centros penitenciarios de mínima seguridad en Valle del Cauca y Cauca.

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Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, fraude procesal, cohecho, y falsedad en documento público y privado.

La Fiscalía estableció que desde el año 2015 los miembros del Cartel de la Tutela habrían pagado diversas sumas de dinero a funcionarios de varias instituciones del Estado, como despachos judiciales, alcaldías, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y cárceles municipales, para que les facilitaran documentación o les permitieran cumplir con los traslados que ofrecían a diversos procesados y reclusos, que posteriormente recobraban la libertad o no cumplían la pena en las condiciones exigidas por la justicia.

La modalidad utilizada consistía en la presentación de acciones de tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal con información simulada, cartas espurias por parte de secretarios de Gobierno y directores de cárceles y certificaciones de testigos fallecidos, entre otras estrategias.

Las tutelas, que no ingresaban a través de la oficina de reparto de los Centros de Servicios Judiciales de Cali, eran conocidas directamente por el Juzgado 25 Penal Municipal de control de garantías de esa ciudad. Allí, con el consentimiento del juez y en coordinación con las oficinas de abogados y algunos dependientes judiciales, se concedía el traslado de reclusos de alto impacto criminal o perfiles económicos elevados a cárceles municipales en Florida y Yotoco (Valle del Cauca), Miranda y Guapi (Cauca).

Razones falsas

De acuerdo con la investigación adelantada por investigadores del CTI de la Fiscalía Seccional Cali, alrededor de 20 personas habrían sido beneficiadas con el ilícito. Muchas de los trasladados de cárceles de máxima y mediana seguridad a otras de mínima seguridad, nunca llegaron a dicho destino y son prófugos de la justicia.

Según la Fiscalía, en las tutelas irregulares argumentaron aspectos como pobreza extrema, problemas de salud y de unión familiar, y otras situaciones falsas. Al parecer, por las decisiones judiciales a su favor cada recluso pagaba hasta $250.000.000.

Con información de Fiscalía