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El presidente de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Eduardo Cifuentes, aseguró que los casos de los falsos positivos en Colombia se convirtieron en un delito sistemático y masivo, tras haber contrastado todas las bases de datos y la información recopilada sobre esos asesinatos.
El magistrado se refirió al informe que emitió ese tribunal especial y que da cuenta de más de 6.400 casos de ejecuciones extrajudiciales que habría cometido la fuerza pública entre 2002 y 2008, a diferencia de los 2.248 que reportó en su momento la Fiscalía General de la Nación.
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“Encontraron después de hacer las contrastaciones correspondientes, que se trata de un delito masivo estos hechos victimizantes que son definitivos y que ascienden a más de 6.000... los esfuerzos para identificar patrones característicos de los mismos y máximos responsables, tienen que obedecer a criterios de priorización”, indicó.
El magistrado Eduardo Cifuentes aseguró que la JEP tendrá en cuenta las unidades militares donde se concentra geográficamente el mayor número de esos hechos victimizantes en varias zonas del país.
“Para esos efectos, se han determinados zonas como Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, que son regiones priorizadas”, indicó.
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Sin embargo, precisó que también serán tenidas en cuenta otras zonas que actualmente están siendo analizadas en los periodos comprendidos entre el 2001 y el 2008.
“Esta es la fecha que sea determinado, porque es cuando se incrementan notoriamente lo que en Colombia se conoce como falsos positivos.”, sostuvo.
El presidente de la JEP señaló que las víctimas en su mayoría fueron civiles que estaban por fuera del conflicto, presentados por la fuerza pública como guerrilleros muertos en combate.
“Esa investigación tomó en cuenta diferentes fuentes, las más importantes como versiones libres, cifras del sistema penal acusatorio de la Fiscalía, el sistema de información judicial de la Fiscalía, el observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, fuentes privadas, informes de la Procuraduría donde se recibió un informe que dan cuenta de 1.200 procedimientos disciplinados con los respuestas correspondientes y expedientes de la Fiscalía entre otros. Todo esto es objeto de contrastación en la Justicia Especial para la Paz durante estos años”, afirmó.
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Destacó que durante la recopilación de esa información, se han aplicado diferentes técnicas que han permitido llegar a esa cifra que no aunque no es definitiva, "permite determinar el subregistro y el grado de impunidad reinante en Colombia, con relación con esta atrocidad del conflicto armado colombiano".
“A partir de la delimitación de este universo delictivo que es sistemático, se procede a identificar máximos responsables. Esto se hará en auto de imputación, los cuales se expedirán en los próximos meses”, subrayó.
Explicó que se tienen registros que dan cuenta que en el país se cometieron ejecuciones extrajudiciales antes del año 2002 en el país.
