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El ministro de Justicia Wilson Ruíz, durante su visita a la ciudad de Valledupar, se pronunció frente a las múltiples dilaciones que se han presentado en las audiencias contra el empresario Enrique Vives Caballero, señalado de atropellar y causar la muerte a seis jóvenes, en el sector de Gaira en Santa Marta, cuando conducía en presunto estado de embriaguez.
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El funcionario señaló que los jueces y fiscales del país tienen autonomía, y se deben tener en cuenta las distintas aristas que se registran en medio de un proceso judicial. El jefe de la cartera de Justicia pidió respecto por la actuación de los funcionarios judiciales, sobre todo cuando se manejan casos tan complejos, igualmente explicó que si hay indicios de alguna actuación en contra de la ley, estas se pueden poner en conocimiento de los organismos encargados de la disciplina judicial.
“Hay que respetar la decisión de jueces y fiscales de nuestro país, ellos manejan una autonomía judicial; habría que ver la circunstancia de modo, tiempo y lugar y averiguar porque suspendieron la audiencia en contra de Vives Caballero. Si alguien cree que los organismos de justicia actúan en contra de la ley tienen el derecho de denunciarlo disciplinariamente ante la Comisión Seccional o Nacional de Disciplina Judicial según sea el caso y si no, denunciarlos penalmente ante la fiscalía general de la nación”, dijo el jefe de la cartera de Justicia Wilson Ruiz.
Luego de varios intentos, este viernes se lleva a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el empresario Enrique Vives Caballero, por la muerte de los seis jóvenes que fueron atropellados en el sector de Gaira en la capital del Magdalena.
Durante la diligencia, el ente acusador imputó a Vives Caballero el delito de homicidio en modalidad de dolo eventual.
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Por su parte, el imputado señaló sobre el accidente en el que murieron los seis adolescentes y uno más resultó gravemente herido y se recupera en un centro asistencial, que "esto me duele a mí más que a cualquier otra persona. Recuerdo que no le huido a la justicia. Es algo nuevo nunca había tenido una situación como esta".
Según señaló el fiscal que lleva el caso, este delito puede tener una pena de cárcel que va de 208 meses a 450 meses, lo que significa entre 17 años y tres meses y 37 años y cinco meses.
El imputado no aceptó el cargo de homicidio en modalidad de dolo eventual.
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