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La Fiscalía General presentó parte del arsenal probatorio con el que cuenta para vincular a cuatro exintegrantes de la Fuerza Pública y una exfuncionaria del Ministerio de las TIC en una red encargada de adelantar interceptaciones telefónicas ilegales.
En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso presentó varias pruebas documentales que evidencian el modus operandi de esta red que prometía la recolección de “cualquier tipo de información”.
Las personas interesadas en sus servicios debían pagar una suma cercana a los tres millones de pesos para recibir los datos que eran de su interés. Desde información por presuntos casos de infidelidad hasta documentos privados de la seguridad nacional del país.
En una de las primeras comunicaciones interceptadas a una mujer –que luego se comprobó que trabajaba en el MinTic- un hombre identificado como Alexander, quien era jefe de una reconocida empresa de mensajería, solicitaba la interceptación de los teléfonos de sus empleados “para conocer si estaban involucrados en algún tipo de robo”.
En otra de las comunicaciones, apareció el general en retiro de la Policía, Humberto Guatibonza. En la charla, exigían “que rastrearan mensajes en WhatsApp para confirmar una infidelidad de la pareja de un amigo abogado” del excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Igualmente aparecieron como “clientes” el gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero y el alcalde de Ipiales, Ricardo Romero Sánchez. Los dos mandatarios –según la Fiscalía- querían obtener información sobre la presunta existencia de investigaciones en su contra.
Planes a futuro
Durante la audiencia, el delegado de la Fiscalía General reveló que esta red venía trabando desde septiembre de 2017. Tenían una lista de precios sobre las interceptaciones y la obtención de la información que tenían que realizar, las cuales se encontraban entre 150 mil pesos y los tres millones.
“Esta organización tendría interés de ampliar el negocio en ciudades como Medellín, incluso en el exterior”, precisó el fiscal durante la audiencia de imputación de cargos en contra de los militares en retiro Carlos Andrés Pérez Cardona, Jorge Humberto Salinas Muñoz y Luis Mesías Quiroga Cubillos; y la exfuncionaria del Ministerio de Tecnología de la Información, María Alicia Pinzón Montenegro,
La investigación arrojó que el coronel Salinas y el mayor Quiroga eran los líderes de esta red, encargándose de la búsqueda de clientes. Cuando obtenían los datos base, contactaban a la exfuncionaria del Ministerio para que iniciara el rastreo de la información.
En la diligencia judicial, también se dio a conocer que los militares en retiro tenían planeado un viaje con el general Guatibonza a Ecuador, sin embargo se desconoce cuál era su objetivo.
La Fiscalía General solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los tres militares, mientras que le pidió al juez de control de garantías que cobije con detención domiciliaria a la mujer, quien ya manifestó su deseo de colaborar con la justicia.
Esta colaboración consistiría con la entrega de información y detalles del desarrollo de un software que rastrea mensajes por WhatsApp. Este sistema de interceptación de comunicaciones lo habría venido desarrollando y perfeccionando desde hace más de 10 años.
Los procesados se declararon inocentes de los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, uso de software malicioso agravado y daño informático agravado.
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