Frenan juicio contra implicado en atentado a la Escuela General Santander

Entre las pruebas, la Fiscalía cuenta con una tera de Información que contiene el video del seguimiento al carro usado en el atentado.
Fachada de la escuela General Santander, tras atentado con carro bomba.
El ELN se atribuyó el atentado que acabó con la vida de 22 cadetes. Crédito: AFP

Una juez especializada se vio obligada a suspender la audiencia preparatoria del juicio que se adelanta contra Ricardo Andrés Carvajal Salgar, considerado como uno de los principales implicados en el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santader.

Esta acción terrorista ocurrió el pasado 17 de enero en Bogotá y dejó un saldo de 23 muertos y más de 80 personas heridas.

Por orden de la Juez, la audiencia fue suspendida para el próximo 5 de noviembre con el fin de que la Fiscalía descubra a la defensa una tera de información que contiene una de las pruebas clave para el proceso, como lo es el registro de dos días de los videos de seguimiento al vehículo que fue utilizado para el atentado a la Escuela de Cadetes.

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Este video recolectado por los peritos del CTIse suma a las más de 190 pruebas, ente elementos documentales, testimoniales, entrevistas, informes de policía judicial y reportes de Medicina Legal con los que cuenta la Fiscalía, como pruebas para el juicio contra Carvajal Salgar.

Al termino de la diligencia Carvajal Salgar, quien salió fuertemente escoltado por guardias del Inpec, insistió en que es inocente y negó toda participación en el atentado con carro bomba.

Por su parte, su abogado Carlos Toro aseguró que demostrará en el proceso penal que su cliente no tuvo ningún tipo de vinculación y participación con estos hechos terroristas.

"Tenemos elementos materiales probatorios suficientes para demostrar que es ajeno a los hechos investigados", dijo el abogado Toro.

Sin embargo, según los investigadores existen suficientes pruebas para demostrar la participación de Carvajal Salgar en este acto terrorista, entre ellas una interceptación telefónica en la que hace referencia al atentado pocos minutos después del estallido de la camioneta que cargaba 70 kilos de pentolita.

En torno a este prueba, la defensa aseguró que se trató de un chiste de Carvajal con un amigo y que ninguna de las aseveraciones tiene relación con el atentado terrorista.

"La conversación telefónica es un diálogo entre dos amigos en la cual, uno le hace un chiste al otro, no es ninguna prueba de confesión de la comisión de un hecho delictivo tan grave como este y tampoco es prueba suficiente para estribar en ella un juicio penal", precisó el jurista.

En este caso, la Fiscalía acusó a Carvajal Salgar de ser supuesto autor de delitos como homicidio agravado, tentativa de homicidio, lesiones personales y terrorismo.

'La prueba reina'

En el escrito de acusación se cita la interceptación telefónica realizada por la plataforma 'Aurora' en la que Carvajal habla con una persona identificada con el alias de 'James' -un presunto jefe de una red de microtráfico- comentándole que tiene que esconderse en el barrio Los Laches tras la explosión del carro bomba.

"Carvajal: Acá, que estoy arriba, Dorado, Los Laches Dorado. Pues no ve que pusimos la bomba en el General Santander y tocó venirnos a encaletarnos

Alias James: ¿Cómo así? ¿Que qué, que qué?

Alias James: La bomba en el General, ¿qué es lo qué dice? ¿Qué pusieron la bomba en dónde?

Carvajal: Háblenlo, ¿qué hay que hacer?

Alias James: ¿Que tiene la bomba qué?

Carvajal: Nana, nada, están grabando

Alias James: Pero usted si se escucha, ¿qué hay que hacer?

Carvajal: No sé dígame usted".

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La Fiscalía General considera que Carvajal tuvo una activa participación en la coordinación de la camioneta que fue trasladada desde Arauca hasta una bodega en el sur de Bogotá, para ser cargada con los explosivos.

Igualmente sostiene que existen pruebas testimoniales que permiten inferir su clara participación en estos hechos, entre los que se encuentran la declaración juramentada de 'James'.

De ser hallado culpable Carvajal podría enfrentarse a la máxima pena de 60 años de cárcel.

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