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Se trata del caso de Adolfo Castillo, gerente de la empresa Casamotor, quien según las investigaciones de las autoridades trató de apoderarse de manera injustificada de la red de estaciones de servicio, Movilgas Ltda y Estaciones de Servicio Alvarado y CIA, conformadas por 15 establecimientos comerciales
La anterior decisión se presentó en el marco de la investigación que adelanta el ente acusador por el escándalo del manejo irregular de bienes de la mafia por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Según las víctimas del caso, un principio de oportunidad presentado en el caso, donde cesaba la acción penal por varios delitos, era ilegal, pues argumentaron que se realizó a sus espaldas sin ninguna participación.
