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La Fiscalía intensificó las investigaciones con el objetivo de establecer la posible responsabilidad de otros funcionarios judiciales en el escándalo de corrupción que salpicó a los expresidentes de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte y Leónidas Bustos, con una red de alto nivel para torcer procesos en esa corporación, con anterioridad al 2017. (Más detalles del caso haciendo clic aquí).
Para ese fin, los fiscales de la Unidad Delgada ante la Corte que iniciaron las investigaciones contra los no aforados vinculados a este caso, tienen instrucciones de llegar hasta las últimas consecuencias en sus indagaciones.
Las primeras labores de trabajo en la Fiscalía están dirigidas contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno y los abogados Luis Ignacio Lyons y Leonardo Pinilla, quiénes aparecen en las conversaciones electrónicas e interceptaciones telefónicas con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, al parecer bajo el mismo actuar criminal solicitando millonarias sumas de dinero para frenar o favorecer procesos contra aforados de competencia en la Corte Suprema.
De igual forma, los fiscales del caso indagan la posible responsabilidad del expresidente de la Corte Suprema, magistrado Camilo Tarquino, quien será indagado por hechos ocurridos en su ejercicio de abogado y de otras serie de juristas y funcionarios que fueron muy cercanos al exfiscal jefe de Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, detenido en la cárcel de La Picota y pedido en extradición por la justicia de los Estados Unidos.
De acuerdo con los investigadores que conocen el expediente, supuestamente, en este caso se movían recursos entre los mil y los cinco mil millones de pesos para favorecer los procesos contra varios aforados constitucionales.
En el caso de los congresistas Hernán Andrade, Musa Besaile y el exgobernador Luis Alfredo Ramos, previa compulsa de copias de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia inició las indagaciones correspondientes.
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