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Agentes de policía bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, adelantan una serie de diligencias judiciales, en desarrollo de la segunda fase de las investigaciones por hechos de corrupción en contratos destinados para la atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
La FM conoció que en desarrollo de estas labores, incluso también se adelantan inspecciones de tipo judicial y no se descartan capturas de los presuntos implicados en esos hechos de corrupción.
Cabe mencionar que por este caso, los investigadores han establecido la presunta responsabilidad de otro grupo de gobernadores, alcaldes y otros funcionarios públicos no aforados en estos hechos de corrupción, con los recursos que se han destinado para la atención pandemia a los sectores más vulnerables.
Estas investigaciones hacen parte de la estrategia conjunta de vigilancia y control denominada “Transparencia para la Emergencia”, construida por el bloque anticorrupción compuesto por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la República
En desarrollo de estas labores se dispuso se dispuso de 9 fiscales especializados y más de 80 investigadores del CTI, quienes sólo en la primera fase del proceso han recolectado pruebas técnicas y testimoniales y solicitado información a más de mil municipios del país, 5 distritos especiales y 6 entidades de orden nacional con el propósito de verificar más de 31.900 contratos suscritos durante la emergencia sanitaria.
Igualmente, los peritos lograron someter a toda una revisión técnica cerca de mil contratos, cuyos valor ascienden a los 670 mil millones de pesos, con lo cual se pudoevitar tras las primeras medidas de control un detrimento de 17 mil millones de pesos.
En la primera fase la Fiscalía Delegada Ante la Corte abrió investigaciones de tipo preliminar contra el propio Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro y los Gobernadores de Vichada, Magdalena, San Andrés y Arauca.
En esta segunda fase también se emprendieron investigaciones contra otro grupo de gobernadores y alcaldes, cuyos casos se suman a las a lous 38 casos en etapa de indagación contra más de 40 funcionarios municipales en departamentos como Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander.
