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La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará audiencia de imputación cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla sindicado de hacer parte del entramado de corrupción que se originó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue adoptada, por parte de la fiscal novena delegada Ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien coordina las investigaciones que se siguen por este macro – proceso.
La fiscal delegada indicó que esta imputación es producto de haberse concretado la negociación del principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de hacienda Ricardo Bonilla.
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Este acuerdo de negociación será presentado al finalizar esta semana ante un juez de control de garantías con el fin de buscar que sea avalado conforme al trámite de ley, en atención a que es una de las testigos clave en contra de exministro Bonilla.
Con base en los elementos de prueba, la Fiscalía le imputará cargos al exministro Bonilla ante el Tribunal Superior de Bogotá como supuesto autor de los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
La audiencia contra el exministro Ricardo Bonilla se llevará a cabo realizaría una vez sea legalizado el principio de oportunidad con Benavides.
Agregó que por ahora no se ha contemplado una petición de medida de aseguramiento contra el exministro Ricardo Bonilla, pese a las pruebas que tienen en poder los investigadores que lo relacionan con este escándalo de corrupción.
Según las investigaciones lideradas por parte de la fiscal delegada María Cristina Patiño, María Alejandra Benavides sirvió de enlace entre la cartera del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Gestión del Riesgo en el supuesto direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional.
En los expedientes judiciales relacionados con las acusaciones contra otros de los implicados la fiscalía aseguró: “Coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, entre los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes del Congreso de la República, Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya”, indica el escrito de acusación”.
En declaración bajo juramento ante la Fiscalía, Benavides hizo mención a un supuesto un supuesto acuerdo entre Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para buscar destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación y así comprar a senadores y representantes a la Cámara.
En esa oportunidad Benavides se mostró conmocionada por haber resultado salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD y aseguró que se sintió usada por el ministro Bonilla y que fue presionada en reiteradas ocasiones para autorizar un millonario desembolso a la UNGRD.
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“Él me usó y usó el hecho de ser el Ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, sostuvo Benavides ante una fiscal.
Millonarios recursos que en teoría iban a invertirse en obras para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias.
Según se señala el primero de estos contratos era para Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos; el segundo para El Salado, Bolívar, por 12.356 millones de pesos y el tercero para Saravena, Arauca, por 30.000 millones de pesos.
