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La Fiscalía General de la Nación declaró como un delito de lesa humanidad la financiación realizada por empresarios, ganaderos, industriales y otros terceros a los paramilitares, las Farc, el ELN y demás grupos armados ilegales.
La decisión fue adoptada por la dirección de la Fiscalía de Justicia Transicional dentro de un proceso donde se advirtió la financiación voluntaria por parte de terceros al grupo paramilitar conocido como Frente Arlex Hurtado, del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinos de de Córdoba y Urabá.
Este proceso se originó de la versión libre rendida ante la Fiscalía por el exjefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, quien hizo señalamientos directos y reveló nombres de empresarios bananeros de la zona del Urabá que presuntamente financiaron los paramilitares entre 1996 y 2004.
Carlos Villamil, director de la Unidad de Justicia Transicional indicó que "los bananeros de la época, al parecer, aportaron para el sostenimiento del grupo paramilitar una importante suma de dinero que terminó llegando a manos de los armados ilegales a través de las denominadas Convivir, cuando estas eran legales, y posteriormente de cooperativas de seguridad".
De igual forma, sostuvo que las declaraciones de 'Pedro Bonito' fueron ratificadas por otros exjefes paramilitares, como el extraditado Ever Velosa García, alias HH, y en otros precedentes judiciales.
Esta es la primera decisión de declaratoria de lesa humanidad que afecta la financiación de terceros a grupos armados ilegales y con ella se evita que muchos procesos relacionados con esta alianza criminal -como homicidios, desplazamientos forzados de población civil, desapariciones forzadas, reclutamiento ilícito, torturas y violencia basada en género- prescriban e incluso, que otros casos sean reabiertos.
La Fiscalía concluyó que con los dineros que aportaron bananeros a los paramilitares no sólo se garantizó el funcionamiento y crecimiento de estos grupos ilegales sino que, con esos recursos, se compraron las armas que fueron utilizadas para cometer toda clase de delitos y se eliminó el derecho a la protesta social en la zona bananera del Urabá.
"Uno de los hechos que se destaca corresponde al sucedido el día 7 de noviembre de 2001, cuando en la terminal de carga del puerto de Urabá y de propiedad de una comercializadora frutícola (Banadex), se descargaron y almacenaron por el término de cuatro días, la cantidad de 3.400 fusiles AK 47, además de cuatro millones de cartuchos 7.65, cargamento de armas y municiones que venía desde Nicaragua a bordo del barco Otterloo de bandera panameña”, dijo el fiscal Villamil.
-Financiación de las Farc y el ELN-
La Fiscalía también advirtió que constituye un crimen de lesa humanidad la actuación de empresarios ganaderos, industriales que en la zona del Urabá Antioqueño por "convicción, convivencia, contribuyeron y financiaron voluntariamente a grupos como las Farc, EPL, ELN y la Corriente de Renovación Socialista (CRS)".
Según la Fiscalía, esta probado que estas guerrillas hicieron presencia en esa zona desde la década de los años 70 y fueron responsables de un sinnúmero de homicidios selectivos, masacres desplazamientos, desapariciones forzadas y otros delitos.
