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De Igual forma, fueron practicadas varias inspecciones judiciales a diferentes entidades públicas con el fin de recolectar elementos de prueba.
Dentro de las entidades, cuyas sedes fueron sometidas a inspección, se encuentra la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) con sucursal en Bogotá ya que estaría relacionada con el proyecto de la navegabilidad del Río Magdalena.
Producto de la indagación preliminar, la Fiscalía también puso en funcionamiento los mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos para obtener información valiosa que permita esclarecer los hechos revelados.
Los investigadores ya tienen en su radar varios de los contratos que aparecen involucrados con este escándalo y para ese fin esperan solicitará copia de las declaraciones que ya rindieron en una Corte de los Estados Unidos los directivos de la organización brasilera en las cuales reconocieron la entrega de millonarios sobornos para la adjudicación de mega-proyectos de infraestructura.
La Fiscalía buscaría establecer si funcionarios en Colombia también recibieron pagos por parte de estos directivos del Brasil.
Igualmente, los investigadores pretenden identificar si existe una responsabilidad penal de esos funcionarios, que según trascendió suscribieron los contratos relacionados con mega-proyectos como la Ruta del Sol Sector Dos y la navegabilidad del Río Magdalena.
En el caso de Colombia, trascendió que los pagos de supuestos sobornos ascienden a más de once millones de dólares entre 2009 y 2104 para asegurar contratos de obra pública.
De acuerdo con las informaciones de las autoridades internacionales, Odebrecht habría logrado ganancias por 50 millones de dólares.
También se señala, que un alto funcionario de Colombia recibió un pago de 6,5 millones de dólares a cambio de prestar asistencia para ganar un contrato de construcción.
