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La representante a la Cámara, Katherine Miranda, presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra la resolución firmada por el presidente Gustavo Petro, en la que nombró a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz.
El pasado 12 de noviembre, el presidente Petro anunció el nombramiento de los 18 exlíderes de las AUC, como nuevos gestores de paz, en el marco de la política de 'paz total' que impulsa el Gobierno, con la finalidad de facilitar el proceso de reincorporación de actores armados ilegales.
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Miranda, quien es parte de la bancada independiente en el Congreso, se mostró especialmente crítica con la inclusión de ciertos exjefes paramilitares en el listado de gestores de paz.
En su demanda, la congresista centró su atención en tres de ellos: Hernán Giraldo, alias El Taladro; Hebert Veloza, alias HH; y Héctor Buitrago, alias Martín Llanos.
Según la congresista, los exparamilitares han sido condenados por crímenes de lesa humanidad, incluidos delitos como violaciones a menores de edad, lo que, según Miranda, hace incompatible su nombramiento con las disposiciones legales y principios de justicia.
“La decisión contradice la ley que otorga este nombramiento a personas condenadas por graves crímenes de lesa humanidad, lo que vulnera los principios de verdad, reparación y no repetición”, resaltó la representante.
Miranda insistió en que la resolución es un retroceso en el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado y destacó la ausencia de consulta con las víctimas, lo que, a su juicio, debilita la confianza en el proceso de paz.
La congresista pidió la anulación de la resolución, considerando que este tipo de decisiones pueden socavar la legitimidad de los esfuerzos por lograr una paz duradera en el país.
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El Consejo de Estado ahora deberá revisar la demanda y pronunciarse sobre la legalidad del nombramiento de los exjefes paramilitares.
