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Magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, citaron a excomandantes de las extintas Farc, para que respondan por los secuestros que se registraron en el país entre 1993 y 2002.
Dentro del caso 01, relacionado con los secuestros, deberán pronunciarse sobre los actos violentos que enmarcaron estos hechos. La Jurisdicción Especial para la Paz además, tuvo en cuenta los informes entregados por las víctimas, los aportes de la Fiscalía General de la Nación y de otras entidades del Estado.
La versión colectiva será por escrito y podrán entregar información adicional sobre los secuestros ocurridos antes o después de los términos fijados dentro del tribunal especial. Los exjefes del Estado Mayor de las Farc, entregarán esta versión en desarrollo de sus compromisos con el acuerdo de paz y con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
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“Las versiones individuales versaron sobre la trayectoria de cada persona en la exguerrilla y, en particular los cargos que tuvo, las responsabilidades que ejerció, las zonas del país donde operó, los hechos de secuestro en los que participó personalmente y, de tenerla, su propuesta de reparación”, señaló la JEP.
Dentro de este proceso, han comparecido 24 exintegrantes del Estado Mayor Central y 8 mandos medios. La versión colectiva deberá ser detallada y podría ser ampliada, las veces que la JEP considere necesario para garantizar que los reportes estén completos antes de ser trasladado a las víctimas. “La Sala de Reconocimiento dará traslado a todas las víctimas de todas las versiones individuales y colectivas antes de finalizar el año en curso, para sus observaciones”, sostuvo la JEP en un comunicado.
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Hasta el momento, 580 víctimas se han acreditado como intervinientes especiales, es decir que podrán tener conocimiento preciso de cada una de las versiones que entreguen en este caso, los exguerrilleros. Las víctimas podrán entregar su opinión, pedir pruebas o incluso aportarlas. Mientras tanto, se estudian 533 solicitudes que representan a cerca 1.500 víctimas adicionales.
