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La Procuraduría, la Defensoría, el Ministerio de Justicia y otras entidades avanzan en la gran consulta ciudadana que permitirá estructurar una reforma a la justicia desde las necesidades del ciudadano de a pie, para evitar un nuevo fracaso en el proyecto que se debe presentar el próximo año.
“Las razones por las cuales han fracasado nuestros intentos de reforma, son porque las anteriores se han centrado en verificar cuáles son los requisitos para acceder a una alta corporación de justicia, el periodo de los magistrados, cómo funciona la elección, cuál es el órgano de gobierno y son temas que realmente no le interesan al ciudadano”, dijo el procurador Gilberto Blanco, delegado como gerente de la iniciativa.
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Cúcuta, Pereira Cali, Barranquilla y Tunja son las ciudades por las que ya han pasado las mesas de consulta ciudadana, que también tienen en cuenta las opiniones de las bases de la justicia conformadas por jueces, funcionarios de la rama judicial, procuradores y defensores de provincia entre otros.
En total son siete mesas que contarán con una participaron cercana a las 900 personas. El próximo 27 de noviembre la mesa estará en Quibdó (Choco) y finalizará el cuatro de diciembre en Medellín (Antioquia).
“Con el propósito de entregarle al país comenzando el otro año y cuáles son los resultados lo que está pensando la ciudadanía, la academia, los estudiantes, los jueces, los fiscales frente a lo que debe ser la reforma”, dijo Blanco.
Según lo explicado por el procurador, existen tres canales para que los ciudadanos participen en la entrega de propuestas, a través del portal web www.vozporlajusticia.com.co.
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“Queremos promover la confianza en el sistema de justicia, incentivar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, construir esquemas de acceso a servicios con una infraestructura mucho más adecuada y con un trato inclusivo”, dijo el procurador, al explicar que las mesas permitirán entender qué pasa en cada región y a partir de ahí construir las propuestas.
Como conclusión de los encuentros, se espera “identificar las necesidades en el acceso a la justicia, integrar las opiniones locales generadas en el desarrollo de la consulta y finalmente presentar una propuesta de mejora del sistema de justicia ante el Gobierno Nacional”.
