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La extradición a Colombia del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien había pedido asilo en Estados Unidos y está condenado por el caso de corrupción conocido como Agro Ingreso Seguro, avivó el debate político entre el uribismo en el poder y la oposición. Arias deberá pagar una condena de 17 años impuesta por la Corte Suprema de Justicia, que lo halló culpable de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, por lo cual el gobierno pidió su extradición a Estados Unidos.
Ese caso, conocido como Agro Ingreso Seguro, se refiere a unos millonarios préstamos a bajo interés que el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) hizo a terratenientes para que compraran sistemas de regadío a pesar de que los créditos estaban destinados a pequeños agricultores.
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El exministro llegó a Estados Unidos en 2014, horas antes de que la Corte Suprema dictara su condena por este caso, del que siempre se ha declarado inocente y perseguido, y solicitó asilo político. Sin embargo, tras la petición de extradición, Arias fue detenido en su casa de Weston (Broward), en la Florida, el 24 de agosto de 2016 y liberado tres meses después bajo fianza con un grillete electrónico. Fue arrestado de nuevo en septiembre de 2017 durante una audiencia en la que el juez John O'Sullivan aprobó por primera vez su extradición.
Varias instancias judiciales de ese país concluyeron que Arias tenía pendientes cuentas con la justicia colombiana y en febrero pasado, tras un dilatado proceso judicial, el Departamento de Estado dio vía libre a su extradición. El político y economista, de 46 años de edad, llegó a Colombia el viernes en un vuelo chárter que aterrizó en un hangar de la Policía en medio del más absoluto secreto, pues no hubo acceso a la prensa y Migración Colombia no presentó imágenes, como sí suele hacerse con otras personas que han llegado al país en calidad de detenidas.
Desde su llegada al país, se ha empezado a hablar de la necesidad de la doble instancia con Andrés Felipe Arias, es decir que un organismo por definir revise la condena de la Corte Suprema de Justicia. Por ahora, el exministro de Agricultura permanece en la Escuela de Caballería de Bogotá.
Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó en LA FM los alcances de la denominada doble instancia. "Hay una sensación de más político que de jurídico. Si una pena por un delito de peculado, de 17 años, suena exagerada frente a toda una guerrilla que delinquió de todas las formas en Colombia y salió prácticamente con nada. Entonces la gente compara y empiezan las motivaciones para hacer reformas", explicó.
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"Entonces, lo se que se viene planteando para el exministro es de pronto, a través de un proyecto de ley, crear una circunstancia donde se le aplique a todos los que en el pasado tenían fuero. ¿Qué significa fuero? Que solamente los podía condenar el tribunal más alto que hay en el país y esto porque el mismo sistema jurídico les daba este privilegio. Por eso iban en única instancia, así sucede aquí y en todas partes del mundo", aseguró.
Arrubla aseguró que esa segunda instancia está sin dueño, sin saber quién la haría, porque la Corte Suprema es el máximo tribunal y sería poner a algún organismo a juzgar lo ya juzgado. "La doble instancia es un derecho de toda persona, los ciudadanos común y corriente. Los aforados son investigados por la Corte Suprema de Justicia porque son nueve jueces, 18 ojos mirando el caso", explicó.
Escuche a Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia
