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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones para que abra investigaciones en contra las personas que fueron nombradas por la excongresista Aida Merlano en sus explosivas declaraciones sobre corrupción electoral.
Merlano nombró al presidente Iván Duque, al exvicepresidente Germán Vargas Lleras y al exfiscal Néstor Humberto Martínez como las personas que habrían estado involucradas en el supuesto montaje en su contra en el que resultó condenada por compra de votos.
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En la compulsa de copias también se nombra a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos quienes “en su condición de candidatos a la Presidencia de la República, según Merlano Rebolledo habrían de igual manera recibido dineros de la familia Gerlein y de los Char por debajo de la mesa, para la financiación ilegal de sus campañas políticas”.
Así mismo la Corte le pidió a la Fiscalía y a la Comisión investigar penal y disciplinariamente a los abogados Raúl Cadena Lozano, Diego Muñetón y Teodoro Antonio De Yongh Salcedo.
El documento dice que ellos “fueron señalados por Aída Merlano Rebolledo como los abogados presuntamente enviados tanto por la familia Char como por Julio Gerlein Echeverría a su lugar de reclusión, con el fin de transmitirle a ella ofertas de dinero y/o colaboración, a cambio de su silencio, y quienes supuestamente también la intimidaron o amenazaron, con el objeto de lograr que esta no incriminara a Arturo Char Chaljub en los hechos delictivos en que los que habría incurrido”.
La petición de investigación también cobija a exfuncionarios de la Fiscalía Gueryn Hernández Espitia y Elvia Isabel Otero Ojeda, “quienes estarían involucradas, según Merlano Rebolledo, en el complot y/o montaje judicial que se realizó en su contra durante el allanamiento a la sede política Casa Blanca”.
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También en la compulsa de copias se nombra a Lilibeth Llinás quien según Merlano sería la “protegida de la familia Char y fórmula política de Arturo Char Chaljub en las elecciones del 11 de marzo de 2018”.
Merlano aseguró en su caso que ella también tenía un espacio en las instalaciones de su sede de campaña en Barranquilla y que también habría recibido recursos para financiar su campaña política a la Cámara que “tenían su origen en las coimas que la familia Char obtenía de la contratación en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico”.
