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El Consejo de Estado dejó en firme un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca que negó una tutela en la que se pedía que el presidente Iván Duque no se pronunciara sobre el proceso de presunta manipulación de testigos que se adelanta contra Álvaro Uribe.
La tutela indicaba que los derechos del ciudadano que la presentó habían sido vulnerados, luego que Duque Márquez se refiriera a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó casa por cárcel para el expresidente.
La decisión del Consejo de Estado concuerda con la del Tribunal, en el sentido de que la persona que presentó la tutela no era parte del proceso contra el exsenador, por lo cual no era viable aceptarla.
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“El accionante no acreditó que fuera parte del proceso penal, ni que hubiera sido reconocido como víctima”, destaca uno de los apartes de la decisión.
Al estudiar el caso, el Consejo de Estado descartó las pruebas que presentó el ciudadano, dos de ellas que eran fallos del propio Tribunal de Cundinamarca, en los que se ordena al presidente Duque ser imparcial en sus alocuciones.
“La persona que acude a la tutela debe tener un interés directo y particular respecto a la solicitud de amparo”, advirtió el Consejo de Estado, en otro de los apartes del fallo.
Sin embargo, actualmente hay dos decisiones en el Tribunal Superior de Cundinamarca, que hacen llamados al presidente Duque para abstenerse de emitir opiniones que pudieran afectar la independencia judicial.
Una de esas es del pasado mes de agosto y se emitió por los magistrados de la Sección Segunda del Tribunal, Luis Gilberto Ortegón Ortegón, José Rodrigo Romero Romero y Alberto Espinosa Bolaños.
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Los magistrados resolvieron la tutela de otro ciudadano que alegó vulneración a sus derechos al libre desarrollo de su personalidad y la libertad de expresión e información.
El autor de la tutela pedía al Tribunal que el presidente Duque se abstuviera de realizar pronunciamientos parciales o motivados por su opinión personal referente al caso del expresidente Álvaro Uribe, en espacios institucionales y que usen logos o distintivos del Gobierno Nacional.
