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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó al Inpec y al juzgado Segundo de ejecución de penas de Bogotá, información sobre el lugar de reclusión del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, deportado hace un par de semanas de Estados Unidos.
La petición se dio a raíz de una serie de solicitudes de varios veedores en busca de aclarar el lugar en el que se encuentra recluido el ex ministro, pagando la condena de 17 años impuesta por la Corte Suprema, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).
La preocupación de los veedores se dio luego de que se informara que Arias se encontraba recluido en el Cantón Norte de Bogotá, a pesar de que el sistema de la Rama Judicial señaló que su centro de reclusión debe ser la cárcel La Picota.
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Desde ese tribunal se informó que la Sala envió dos comunicaciones, una dirigida al Inpec “para que informe si una vez extraditado, el ex ministro Arias, ordenó su reclusión en alguno de los establecimientos dispuestos para ello y el sitio en el cual se encuentra actualmente privado de la libertad”.
En esa petición, la Sala solicitó al Inpec una copia de la resolución en la que se “dispuso el lugar de reclusión”.
En la segunda comunicación dirigida al juez, la Sala Penal pidió que informe “si adoptó alguna decisión acerca de la reclusión del Dr. Arias Leiva y si lo comunicó al INPEC, y que, en caso afirmativo, envíe copia de los respectivos soportes documentales”.
Cabe mencionar que Andrés Felipe Arias deberá permanecer en una cárcel por lo menos hasta el año 2025, por el escándalo de corrupción de AIS, derivado de la entrega irregular de subsidios para los campesinos de país, durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Arias también tiene un fallo disciplinario en su contra, que lo inhabilita por 16 años para ejercer cargos públicos. Esa sanción fue impuesta por la Procuraduría General, que luego de adelantar una investigación disciplinaria comprobó la culpabilidad del ex ministro en el programa de tierras y cuyos dineros terminaron en manos de grandes empresarios.
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En el fallo, la Procuraduría comprobó omisión por parte de Arias como encargado del Ministerio de Agricultura, en los estudios previos para la ejecución del programa, además de otras irregularidades en las convocatorias públicas y en los objetos contractuales de los convenios para adelantar el programa.
“Los términos de referencia de las convocatorias públicas 01 y 02 correspondientes al convenio 055 de 2008 no contaban con factores de evaluación precisos y claros; iii) los objetos contractuales de los convenios especiales de cooperación 003 de 2007, 005 de 2008, 037 y 052 de 2009 no correspondían actividades de ciencia y tecnología; y iv) los gastos administrativos y de operación del programa “Agro, Ingreso Seguro –AIS” se excedieron en el porcentaje permitido en la ley”, dice el fallo, haciendo referencia a la sanción de la Procuraduría.
