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La Fiscalía General solicitó cobijar con medida de aseguramiento en su respectivo domicilio al abogado Diego Cadena al considerar la situación que se presenta actualmente por la crisi sanitaria provocada por el coronavirus.
El fiscal considera que la medida es necesaria puesto que en libertad representa un peligro para la sociedad y podría obstruir la administración de justicia en el proceso que se le adelanta por ofrecer sobornos para beneficiar al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En contexto: Diego Cadena no aceptó haber pagado sobornos para beneficiar a Álvaro Uribe
Considera que debido a la gravedad de los hechos investigados y al riesgo que salgan del país para no atender las citaciones de la justicia, la medida de aseguramiento debe ser en un centro carcelario.
“La medida que debería proceder en este caso es la detención en establecimiento carcelario pero dentro de la época que estamos viviendo puede generar un riesgo adicional para las personas sobre las que se está solicitando una medida de aseguramiento intramural, me llevan a manifestar que la Fiscalía solicitará la detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esta ubicación, no obstaculice el juzgamiento”, argumentó el fiscal del caso.
A primera hora, la Fiscalía General le imputó los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, los cuales no aceptó.
La diligencia judicial se reprogramó para el 31 de julio, fecha en la cual se espera contar con las intervenciones de los representantes de víctima y la delegada de la Procuraduría. Mientras que el 3 de agosto se escucharán a los abogados defensores.
Después de esto, el juez de control de garantías tomará una decisión sobre la solicitud medida de aseguramiento.
Las pruebas contra Cadena
La Fiscalía Genera presentó 32 gigas de información que recopilan el material probatorio recolectado desde el año 2017 y que demuestran que, pese a que hubo visitas de los dos abogados a los centros de reclusión donde se encuentran los exparamilitares involucrados, no quedaron registraron los ingresos.
“Señor juez usted podrá verificar en los elementos materiales probatorios que las veces que ingresó (Diego Cadena) a la cárcel tanto Picota y la de Palmira, no figuran registros para Juan Guillermo Monsalve ni Carlos Enrique Vélez y mucho menos del abogado Juan José Salazar, ellos nunca figuraron en los libros y en los registros como abogados que visitaran a estos dos presos”, precisó el fiscal Daniel Hernández.
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El fiscal del caso que el abogado Cadena visitó al confeso exparamilitar Carlos Enrique Vélez en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca) el 18 de julio de 2017.
Durante la conversación le ofreció, supuestamente, el pago de 200 millones de pesos a cambio de que declarara ante la Corte Suprema de Justicia, que el senador Iván Cepeda lo había contactado para ofrecerle dinero y prebendas para que testificara contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
También se conoció que Cadena, presuntamente, contactó también al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a quien aparentemente también le ofreció prebendas y ayudas para entrar a la JEP.
"Para el mes de julio de 2017 en la ciudad de Cali ustedes (imputados), actuando con una clara división de trabajo con un enfoque a desarrollar actividades delictivas y cada uno con un aporte importante para poder lograr el trabajo criminal que se acordó”, explicó el fiscal Hernández.
Según dijo el papel de Cadena consistió en reunirse con el paramilitar Carlos Enrique Vélez.
“Le correspondió a usted señor Cadena, el abordaje de Carlos Enrique Vélez, confeso paramilitar condenado y que se encuentra pagando una pena en el establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca) (...) Según Vélez, este acercamiento se realizó el 18 de julio de 2017 sobre las 4 de la tarde para que en provecho de un tercero prometiera el pago de 200 millones de pesos de los cuales alcanzó a entregar a diferentes personas, la suma de $48 millones con el fin de que Vélez declarara falsamente ante la honorable Corte Suprema de Justicia respecto a que el senador Iván Cepeda había abordado al señor Carlos Enrique Vélez (paramilitar) en diferentes oportunidades con el fin de que cambiara su versión contra el senador Álvaro Uribe Vélez”, detalló el delegado del ente investigador.
El fiscal del caso señaló además que parte de la supuesta negociación consistía en decir que Iván Cepeda le había ofrecido dinero y prebendas al interior del centro de reclusión en el que permanece.
En su exposición detalló cuál fue el papel que jugó aparentemente el también abogado Juan José Salazar Cruz
“Al doctor Salazar Cruz le correspondió seguir encontrándose o comunicándose con Carlos Enrique Vélez para que Cadena, pudiera conocer las inquietudes que tuviera”, relató.
Así fueron los pagos
Según la investigación de la Fiscalía la entrega de los dineros se hizo entre julio de 2017 y agosto de 2018.
“Se hicieron entregas de dinero por 48 millones de pesos, se hicieron giros por un total de 10 millones 600 mil pesos; a un sobrino (del paramilitar) 18 millones pesos; a un primo 10 millones de pesos y por último se entregaron al hijo de Carlos Enrique Vélez 10 millones de pesos, por orden del abogado Cadena”.
De acuerdo con la Fiscalía, Salazar Cruz tuvo contacto con los familiares del paramilitar recluido en Palmira (Valle del Cauca) para poder entregar los dineros.
Juan Guillermo Monsalve
La investigación de la Fiscalía arrojó que el 22 de febrero de 2018, en la cárcel La Picota de Bogotá, hubo un encuentro con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a quien Diego Cadena le ofreció apoyo jurídico en su proceso y la posibilidad de ser admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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“Buscó usted y abordó al señor Juan Guillermo Monsalve, en este caso le ofreció apoyos o asesorías jurídicas, colaborarle en recursos jurídicos y lógicamente tramitarle el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de que declarara falsamente ante la Corte Suprema de Justicia y manifestara que el senador Cepeda lo había abordado y que este le había ofrecido beneficios judiciales, protección y de cambio de cárcel con el objetivo que declarara en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez”.
En el segundo hecho, no habría tenido participación el abogado Salazar Cruz.
El fiscal Daniel Hernández señaló que este tipo de hechos llevaron a incurrir en errores a la Corte Suprema de Justicia.
“Manifiestan los ciudadanos que el doctor Cadena se presentó a las instalaciones de los establecimientos penitenciarios con los documentos realizados con su membrete y que lo único que solicitaba eran sus firmas de los mismos”.
Posteriormente, se solicitó que los documentos fueran escritos por los paramilitares.
Los abogados del aforado presentaron los documentos ante la Corte Suprema de Justicia. Según la Fiscalía Cadena nunca presentó el poder acreditando la defensa del senador Uribe Vélez.
“Es claro que indujo al error a la honorable Corte Suprema de Justicia por medios fraudulentos, tal y como lo establece las mismas declaraciones de Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve”, indicó el fiscal.
