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El caso de Interbolsa fue uno de los más sonados en la última década, después de que se conociera que cerca de 1.700 personas fueran víctimas del desfalco de la empresa que se encaraba de gestionar activos y realizar inversiones en la banca.
El empresario Alessandro Corridori fue uno de los principales implicados en este desfalco, sin embargo, en medio de los procesos judiciales, se mostró molesto por una aparente violación al debido proceso administrativo que se adelantaba en su contra, y presentó tres demandas contra el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y la Superintendencia Financiera de Colombia.
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De esta manera, los abogados de Corridori buscaban que las sanciones que se habían presentado en su contra fueran nulas, además de pedir un monto de 600 millones de pesos por los daños que se habían producido durante el proceso judicial que se adelantó en el año 2014. En las demandas se habían quejado por violación de los derechos de: vulneración del derecho al debido proceso, defensa, in dubio pro reo y falsa motivación.
A pesar de los esfuerzos por parte de la defensa para salir victoriosos de la demanda, en las últimas horas se conoció que el magistrado había explicado en el fallo que, “en el desarrollo de dicha investigación, no se vulneró su derecho al debido proceso, de defensa e in dubio pro reo”.
Por esto, el funcionario explicó que el demandante confundió la norma, razón por la cual no se reconocerá la demanda.
“Para la Sala no existe fundamento fáctico o probatorio que demuestre la vulneración del derecho al debido proceso en el caso sub exánime, por cuanto como se ha señalado con antelación, del recaudo probatorio acumulado en el proceso de la referencia, no se observa que la entidad demandada haya omitido alguna etapa dentro del proceso sancionatorio adelantado en contra del señor Corridori, ni mucho menos existe evidencia que demuestre una violación del debido proceso por la imposición de la sanción de inhabilitación”, explicó el magistrado.
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Asimismo, afirmó que, por medio de la demanda se buscaba evitar las consecuencias de la ley por el daño causado tras el desfalco, y de esta manera Corridori pudiera quedar sin secuelas por lo sucedido, que, según la investigación, fue realizado por el empresario.
