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La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, imputó a Kelly Tatiana Vergara Ramírez como presunta responsable del delito de prevaricato por omisión agravado.
Vergara Ramírez, en el año 2017 se desempeñaba como defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y está siendo judicializada por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en la Fundación Peces Vivos de Ibagué donde se atendía población con discapacidad.
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Las labores investigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenciaron que varias personas que trabajaban en el lugar sometían a, por lo menos 40 menores de edad con discapacidad y condiciones especiales, a toda clase de maltratos. Al respecto, se tiene información relacionada con espacios de tiempo durante los cuales las víctimas eran amarradas por días o les eran negada la alimentación, todo por no acatar las órdenes que les eran impartidas.
La imputada era, al parecer, la encargada del restablecimiento de derechos de 20 de las víctimas, y pese a las denuncias instauradas por los familiares de dos de los menores, no adelantó ninguna acción para cumplir sus funciones como defensora de familia. La implicada no aceptó los cargos enrostrados.
Por estos hechos ya han sido condenadas varias personas
Proceso
Los 10 funcionarios, entre los que se encuentra la directora de la fundación, fueron detenidos el pasado 19 de enero del 2017 en la Capital Musical de Colombia luego de la denuncia de un exempleado de la fundación.
Después de casi dos semanas de audiencia en ese año, la juez decidió aplicarles la medida de reclusión intramural al considerar que los sindicados podrían interferir en la investigación. Los abogados defensores de los sindicados habían solicitado el beneficio de detención domiciliaria, la cual fue desestimada por la juez.
Tres de los exfuncionarios fueron imputados de los delitos de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir y destrucción de material probatorio, mientras que a los siete restantes se les imputó el cargo de tortura agravada. Ninguno de los acusados aceptó los cargos y continúan el proceso desde prisión.
