Fernando Arellán Barajas, exintegrante de las Farc involucrado en atentado a El Nogal, en Bogotá
Fernando Arellán Barajas, exintegrante de las Farc involucrado en atentado a El Nogal, en Bogotá
Foto de Colprensa
23 Ago 2018 10:06 AM

Cuando a Fernando Arellán, implicado en atentado a El Nogal, le dieron permiso para irse de vacaciones

Resulta un contraste con respecto a la condena que el Consejo de Estado impuso contra el Estado por el atentado cometido por las Farc. 
Alfonso
Alfonso
Rico Torres
@AlfonsoRicoT

Gran controversia ha suscitado la condena impuesta al Estado por el atentado al Club El Nogal. El Consejo de Estado declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por la muerte y lesiones ocasionadas por la explosión de un carro bomba en las instalaciones del club El Nogal en Bogotá.

Los hechos fueron cometidos por las Farc con un carro bomba contra el club El Nogal, en el norte de Bogotá, causándole la muerte a 36 personas y heridas a 200 más, el 7 de febrero de 2003. El caso ha motivado una amplia discusión en el país por cuanto el Estado es señalado de responsable del acto y a las Farc, autores del atentado, les bastó con ofrecer un perdón colectivo en el marco de su reincorporación a la vida civil y política.

En contraste, esta condena recuerda el caso de Fernando Arellán, el exguerrillero de las Farc que pidió permiso para ir de “descanso y turismo” a Isla Margarita, en Venezuela, y se le concedieron. El 2 de junio de 2018 se informaba que la  Jurisdicción Especial para la Paz le permitió irse del país, en un hecho que también generó polémica. 

La Justicia Especial Para la Paz (JEP) aseguró entonces que el ex secretario ejecutivo Néstor Raúl Correa no tenía competencia para otorgar el permiso para salir del país al exguerrillero de las Farc Fernando Arellán.

Por medio de un comunicado de prensa, la JEP aclaró que la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tuvo competencia para otorgar permisos de salidas del país a exintegrantes de las Farc acreditados por el Alto Comisionado para la Paz hasta el 15 de enero de 2018, fecha de inicio de las funciones judiciales de la jurisdicción.

La polémica en el Tribunal de Justicia Transicional inició tras conocerse que el ex secretario ejecutivo del organismo Néstor Raúl Correa, en el ejercicio de sus funciones, autorizó salidas del país a 12 exmiembros de las Farc, entre ellos a Arellán. Según el documento de autorización de salida que se otorgó a Arellán el 8 de marzo de 2018, el exguerrillero pidió permiso para ir de “descanso y turismo” a Isla Margarita, en Venezuela. El viaje se realizó desde el día 23 de marzo y duró hasta el 29 de marzo de 2018.

Ahora, en contraste, el Consejo de Estado le reclama al Estado por lo acontecido en el atentado. "Se evidenció, igualmente, la omisión en los deberes de prevención, seguridad y protección en los que incurrieron la Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en tanto se abstuvieron de dar pronto trámite y verificación a la información recibida acerca de la inminencia de un atentado terrorista de gran magnitud en el norte de la capital de la República, a pesar de que fueron señaladas las instalaciones del club como posible blanco de esas intenciones. Se hizo notar, además, la eventual concurrencia del club en dichas omisiones", señaló el tribunal.

Como medidas de reparación integral, satisfacción y no repetición se ordenó la instalación de una obra de arte en las inmediaciones de la zona afectada con el atentado, previo proceso creativo acordado con las víctimas y con el objeto de sensibilizar la exposición de la población civil a acciones violentas, así como la realización de un acto público de desagravio en el que se realice la presentación e inauguración de la misma.

Finalmente, se dispuso el envío de la providencia al Centro Nacional de Memoria Histórica, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad, con el fin de documentar la memoria del país y contribuir a su esclarecimiento.