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La Corte Constitucional explicó los alcances de la decisión que fue tomada sobre ordenar al Congreso realizar de nuevo el proceso de elección de contralor, en el marco de una tutela presentada por Carlos Hernán Rodríguez, quien fue destituido del cargo en 2023 por el Consejo de Estado.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez además explicó que la lista de diez habilitados para contralor deberá ser resultado de la lista de veinte aspirantes, pero que, en todo caso, la lista de candidatos deberá ser conformada cumpliendo los principios de paridad de género.
“La lista es de 20 personas, donde están esas personas y le corresponde ahora al Congreso elaborar la lista de elegibles, de esos 20. Ahí es probable que algunos manifiesten su deseo de no continuar. En ese caso, la lista de elegibles, que es de diez deberá confeccionarse con base en esa lista y simplemente, pues quiere decir que se reduce la lista de habilitados”, afirmó el presidente del tribunal.
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El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, explicó que el periodo del contralor que sea elegido en el nuevo proceso terminará en el 2026, pues afirmaron que ese plazo es institucional, por lo que esa fue la razón de pedir que el Congreso adelantara el proceso lo más pronto posible.
“Todos los periodos son institucionales. O sea, para terminarlos. No tiene que terminar el periodo, o sea, si el Congreso le demorara un año y medio haciendo esta elección, pues le dirían para seis meses”, afirmó Reyes.
La Corte Constitucional resaltó que las decisión de ordenar de nuevo la realización del proceso permite que se adelante desde la lista, lo que representa que las etapas de evaluación, que son las más extensas, no deberán repetirse porque se tomarán los resultados de 2022.
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“Digamos que no la tiene tan difícil, porque no tiene que repetir el tema del examen, que es el que genera mucho jaleo, y en general, el avance del proceso. Todo eso está hecho, y con eso no dejaba parte ese proceso, o sea, lo que resta, digamos, es menos”, dijo el presidente del tribunal.
Los magistrados explicaron que no impusieron un tiempo de cumplimiento, debido a que tienen que primero realizar la sentencia que esperan se dé a conocer en pocos días.
Sin embargo, explicaron que, una vez el Congreso sea notificado, corresponderá a esa corporación hacer los avances respectivos.
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