Crimen de Álvaro Gómez: Familia busca tumbar fallo contra el único condenado

También pide que se cite indagatoria a Ernesto Samper y al exministro Horacio Serpa como supuestos autores intelectuales del homicidio.
Álvaro Gómez Hurtado
Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá. Crédito: Archivo Colprensa

RCN Radio conoció en primicia que la familia de Álvaro Gómez Hurtado presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para buscar tumbar la sentencia contra el único condenado por el magnicidio del candidato presidencial y José del Cristo Huertas ocurrido hace 23 años, el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá.

Así lo reveló Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia del asesinado líder político, quien señaló que se trata de una acción de revisión para buscar revocar la condena de 40 años de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá contra Héctor Paúl Flórez Martínez, ya que las nuevas evidencias en poder de la Fiscalía demuestran que fue sentenciado con falsas pruebas con el único objetivo de que fueran desviadas las investigaciones.

“En el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía se ha podido establecer a ciencia cierta que tanto la DIJIN como la Fiscalía en 1995 ocultaron evidencia que exoneraba completamente a Héctor Paúl Flórez del homicidio de Álvaro Gómez”, dijo Gómez Martínez.

Según la demanda, aunque Flórez Martínez - hoy en libertad tras permanecer 19 años preso - tenía antecedentes penales en la Costa Atlántica por delitos menores en Sincelejo y Carmen de Bolívar, fue condenado con falsos testigos que lo incriminaron de ser uno de los sicarios que le disparó a Gómez Hurtado.

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“Este hombre cayó como chivo expiatorio con el fin de ocultar el crimen de Estado que se cometió contra Álvaro Gómez, valiéndose del testimonio de Carlos Lugo Álvarez y de José Guillermo Vélez Montenegro, conocido como Memo”.

De acuerdo con el expediente Lugo Álvarez habría faltado a la verdad para recibir la recompensa de 2.000 mil millones de pesos que se ofrecieron por información sobre el asesinato del dirigente político.

“Y se va a colocar al país frente a una evidencia consistente en que desde la DIJIN, la Estación Segunda de la Policía de Bogotá, el Gaula y la misma Fiscalía se desvió la investigación contra Álvaro Gómez para ocultar lo que es claro, que se trató de un crimen de Estado”, dijo Gómez Martínez.


El abogado Martínez dijo que una vez sea fallada a su favor esta demanda Héctor Paul Flórez reclamará al Estado la indemnización correspondiente por la vulneración de sus derechos a una defensa justa y al debido proceso por una supuesta privación indebida de su libertad.

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Nuevo llamado para vincular a Samper y Serpa

Igualmente, el abogado de la familia de Álvaro Gómez, indicó en RCN Radio que tras la declaratoria de lesa humanidad que evita la prescripción de la investigación, la Fiscalía General está en mora de citar a indagatoria al exministro Horacio Serpa al considerar que hay “una tonelada de evidencias” que supuestamente lo vinculan como uno de los determinadores del magnicidio.

El abogado Gómez Martínez afirmó: “Él ya perdió su fuero parlamentario y el caso vuelve a la Fiscalía delegada ante la Corte, pero hay multiplicidad de testimonios de los altos jefes del cartel del Norte del Valle que lo vinculan como propiciador y autor intelectual de este homicidio”.

En igual sentido, el abogado Gómez Martínez le hizo un llamado a la Comisión de Acusación de la Cámara para que reactive la investigación contra el expresidente Ernesto Samper y lo vincule formalmente a este caso como supuesto autor intelectual del crimen del líder político conservador.

“Ese caso duerme el sueño de los justos en la Comisión de Acusación desde hace seis años (…) Esperaríamos que ahora que se ha declarado este caso como de lesa humanidad se cite nuevamente a indagatoria a Ernesto Samper, como autor intelectual del homicidio”, dijo Gómez Martínez.

Tres policías vinculados

En junio pasado la Fiscalía vinculó mediante indagatoria a tres integrantes de la Policía Nacional por su presunta responsabilidad en el crimen del líder político Álvaro Gómez Hurtado, por los delitos de favorecimiento y fraude procesal en el desvío de las investigaciones sobre estos hechos.

Se trata del mayor de la Policía Marcos William Duarte Valderrama, quien fungía como jefe de la unidad de homicidios de la Dijín, Luis Guillermo Parra Niño, comandante de la Sijín de Sincelejo para la época de los hechos y Amín Antonio Acuña Severiche, quien era agente de la Sijín de esa misma ciudad.

La Fiscalía escuchó en indagatoria a los uniformados por presuntamente haber incurrido en actuaciones "arbitrarias", como capturas y judicializaciones de personas inocentes –como Héctor Paúl Flórez- además de la utilización de falsos testigos para entorpecer las investigaciones.

Crimen de Estado

Un fiscal de Derechos Humanos concluyó que el atentado en el que perdió la vida Álvaro Gómez Hurtado, fue uno de los asesinatos que se cometieron por el cartel de narcotráfico del Norte del Valle.

Según la Fiscalía, ese grupo delincuencial tenía una política de "exterminio" de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición, instaurada por el temeroso cartel de los “extraditables” en la década de los 80.

Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez, fue protagonista del debate político en Colombia y algunas versiones señalan que su asesinato se produjo por la oposición al Gobierno Samper, después del escándalo del proceso 8.000.

Testimonios

En desarrollo de este proceso, la Fiscalía ordenó tomar la declaración juramentada de Jorge Eliécer Asprilla, alias El Negro Asprilla; los Óscar Iván y ‘Arcangel’ Henao Montoya, el narcotraficante Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacrán.

A estos nombres se suma el de Ramón Alberto Quintero Sanclemente, extraditado en los Estados Unidos, como uno de los hombres más cercanos a los jefes del cartel del norte del Valle, cuya declaración no ha podido ser practicada pese a que había enviado un mensaje al senador Álvaro Uribe y al abogado de la familia Álvaro Gómez en el sentido de que estaba dispuesto a entregar nuevo información relevante en torno a este magnicidio a cambio de beneficios por colaboración.



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