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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia terminó este jueves sin una decisión de fondo sobre la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe y el congresista Álvaro Prada, en el proceso de presunta manipulación de testigos.
Los magistrados estuvieron reunidos desde muy temprano para debatir el proyecto de fallo que entregó, desde principios de semana, el magistrado Cesar Reyes.
Aún no se conocen pormenores de la ponencia que escribió el magistrado; sin embargo, son tres los caminos para resolver la situación jurídica de los congresistas.
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Por un lado, imponer una medida de aseguramiento, ya sea en prisión domiciliaria o de movilidad, o permitirles que continúen en libertad, mientras avanza el proceso en su contra; el tercer camino sería archivar el proceso porque no se encontraron pruebas de fondo.
Cualquiera de las tres opciones se tomará en consenso o por mayoría de votos de los magistrados que conforman la Sala de Instrucción. Son ellos, Cesar Reyes, Marco Antonio Rueda, Francisco Farfán, Héctor Alarcón y Misael Rodríguez. En ese debate no participa la magistrada Cristina Lombana porque está impedida.
En octubre, la Corte escuchó en indagatoria al expresidente y al congresista con lo cual quedaron formalmente vinculados a la investigación por los delitos de soborno y fraude procesal.
El proceso
Este proceso inició en el 2018, después de que la Corte archivara una investigación, por los mismos delitos, contra el senador Iván Cepeda. Según las pruebas que le llegaron a la Corte, el expresidente habría buscado manipular testigos para cambiar sus versiones sobre la conformación de grupos paramilitares.
Uno de esos testigos es Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho que Uribe estaría implicado en la conformación del bloque Metro de los paramilitares.
El congresista Iván Cepeda fue declarado como víctima dentro de la investigación, al señalar que su nombre fue desprestigiado, por parte del senador Uribe, cuando lo demandó por supuestos montajes en su contra.
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Entre tanto, el congresista Álvaro Prada es investigado en este proceso porque supuestamente contactó a Carlos López, conocido con el alias de ‘Caliche’, para contactar al testigo Monsalve con el supuesto fin de conseguir una declaración en favor del expresidente Uribe, por lo que ese contacto se habría hecho a través del abogado Diego Cadena, hoy imputado.
El representante resultó salpicado en la investigación por unas interceptaciones en las que se escucha al testigo Monsalve hablar con ‘Caliche’, quien le insiste cambiar su testimonio sobre la conformación del Bloque Metro de las autodefensas.
La Corte encontró que al parecer, después de febrero del 2018, cuando se archivó la investigación a favor de Cepeda, la compra de testigos para desviar investigaciones continuaba y en ese escándalo estaría implicado el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Álvaro Prada.
