Corte Suprema ordenó nuevas pruebas contra Antonio Guerra por caso Odebrecht

La sala penal aún no definirá su medida de aseguramiento hasta revisar las pruebas.
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El senador Antonio Guerra / Colprensa.

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó practicar nuevas pruebas en el proceso que se adelanta contra el congresista Antonio Guerra de la Espriella, por el escándalo de Odebrecht.

Se trata de pruebas que solicitó la defensa del congresista y que tienen como finalidad demostrar su inocencia en el escándalo de sobornos. Entre ellas se encuentra la declaración del exviceministro de Asuntos Agropecuarios, Luis Miguel Pico Pastrana y la del exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura, Juan Sebastian Correa.

También se decretó escuchar en declaración a Santiago Perdomo, quien hizo parte del Comité Financiero de la campaña Santos Presidente en 2010.

Fuentes del proceso señalaron que la Corte no tomará la decisión de imponer medida de aseguramiento contra el congresista, hasta tanto no revise las nuevas pruebas.

Para defenderse, Guerra envió a la Corte la respuesta del presidente Juan Manuel Santos a un derecho de petición en el cual Santos dice que no tuvo conocimientos de que Guerra se hubiera interesado en los acuerdos que llevaron a que la multinacional Odebrecht se quedara con los contratos viales del país.

"En ningún momento he recibido de su parte (...) un interés particular para tratar temas relacionados con la expedición del documento Conpes, ni asuntos referidos al aval fiscal al mencionado otrosí número 6 de la concesión Ruta del Sol sector 2", señala uno de los partes del documento.

Guerra de la Espriella ha sido señalado de hacer parte del denominado grupo buldozer, conformado por congresistas para supuestamente gestionar en el Congreso a favor de la multinacional brasileña.

Dicha investigación inició en febrero del año pasado tras declaraciones del condenado político Bernardo ‘Ñoño’ Elias y el excongresista Otto Bula, quienes aseguran que Guerra sería uno de los políticos que medió en el Congreso para adjudicar contratos viales a Odebrecht.


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