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La Corte Suprema de Justicia programó para el próximo 3 de noviembre la diligencia en la que escuchará la versión de la exministra de las Tecnologías de la Información (Mintic) Karen Abudinem por las irregularidades que rodearon el billonario contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.
La declaración exministra será anexada a la indagación preliminar que adelanta la Corte contra cuatro congresistas por su presunta implicación en la adjudicación del contrato.
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Se espera que Abudinem explique el proceso licitatorio que se llevó a cabo para la adjudicación del contrato, también podría hablar sobre las supuestas conversaciones que sostuvo con el congresista Armando Benedetti cuando se iba a adelantar la revocatoria de ese contrato.
Sobre ese caso, la Corte también evalúa escuchar en declaración a Emilio Tapia y Juan Carlos Ángel, quienes enfrentan un proceso penal por esos hechos y supuestamente conocerían de la presunta relación de los congresistas con el proceso licitatorio.
En una audiencia pasada, la Red de Veedurías Ciudadana decidió retirar las denuncias contra tres de los congresistas Daira Galvis, Mauricio Gómez Amin y Antonio Zabarain
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La denuncia que se mantiene es contra el senador Armando Benedetti, que también fue nombrado en la denuncia que elevó a la misma Corte.
El proceso se encuentra en el despacho del magistrado Misael Rodríguez de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia quien evalúa revisar como pruebas las audiencias grabadas del proceso de licitación pública FTIC- LP-038 de 2020, “sobre los centros digitales de las zonas rurales del país por más de 2 billones de pesos”.
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La denuncia también se refiere al Contrato Estatal de Aportes No. 1043 de 2020 que está en manos del Ministerio y el expediente del contrato sobre su etapa precontractual y contractual. Además, habla de las garantías bancarias que presentó Centros Poblados para quedarse con el contrato.
El proceso se encuentra en el despacho del magistrado Misael Rodríguez de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que evalúa revisar como pruebas las audiencias grabadas del proceso de licitación pública FTIC- LP-038 de 2020, “sobre los centros digitales de las zonas rurales del país por más de 2 billones de pesos”.
La denuncia también se refiere al Contrato Estatal de Aportes No. 1043 de 2020 que está en manos del Ministerio de las TIC y el expediente del contrato sobre su etapa precontractual y contractual. Además, habla de las garantías bancarias que presentó la Unión Temporal Centros Poblados para quedarse con el contrato.
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