Corte definirá competencia jurídica en proceso contra el general (r) Santoyo

La Corte Constitucional deberá resolver un conflicto de competencias para definir si el proceso contra el general (r) Mauricio Santoyo por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada agravada, se queda en la Fiscalía o pasa a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La magistrada Paola Andrea Meneses presentó un impedimento dentro del proceso para no hacer parte del debate, ya que tiempo atrás se desempeñó como delegada contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación.

“Desempeñé entre otras, las funciones de dirigir, coordinar y controlar, directamente o a través de los fiscales delegados, el desarrollo de la función investigativa y acusatoria en los ejes temáticos, casos y situaciones que le sean asignados (…) coordinar los grupos de trabajo, los departamentos y unidades que se conformen para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección”, señala uno de los apartes del impedimento.

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A través de un comunicado, la JEP declaró en marzo de 2020 su competencia en ese proceso por la desaparición de Claudia Monsalve y Ángel José Quintero, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).

Los hechos ocurrieron el 6 de diciembre de 2001, cuando el general (r) Mauricio Santoyo se desempaba como comandante del Gaula en Medellín.

“Asumir la competencia exclusiva y prevalente, quiere decir que la JEP será quien juzgue y sancione los delitos por concierto para delinquir y la desaparición forzada, presuntamente cometidos por el general en retiro”, destaca el comunicado.

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En ese mismo documento, la JEP señaló que "la Fiscalía informó antes de que Santoyo fuera extraditado a Estados Unidos, que el oficial había aceptado su supuesta participación en la interceptación de líneas telefónicas, en su calidad de comandante del Gaula Urbano de Medellín, con la finalidad de que el paramilitarismo ejecutara sus operaciones".

De acuerdo con ese tribunal especial, la Fiscalía tiene testimonios de exparamilitares quienes indicaron que “para la época de dichas desapariciones, el general Santoyo prestaba colaboración a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, con la interceptación de llamadas para posterior seguimiento y vigilancia de personas".