Corte Constitucional resolverá conflicto entre Corte Suprema y JEP por Salvador Arana

A la Corte Constitucional llegó un conflicto de competencia entre la Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el caso del exgobernador del Sucre, Salvador Arana Sus, condenado por la corte a 40 años de prisión por parapolítica. 

El conflicto de competencias entre los tribunales se dio después de que la JEP admitiera al exgobernador, quien es calificado por el alto tribunal como un ‘exparamilitar puro’ y no un tercero civil en el conflicto armado.

Al conocer la decisión de la JEP, la Corte inmediatamente la rechazó a través de un comunicado, en el que cual advirtió riesgos de fraude al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y debilitamiento de la justicia ordinaria.

“El riesgo de avalar esos análisis laxos de competencia también conlleva el riesgo de atribuir a la JEP el conocimiento de fenómenos de criminalidad que, de entrada, carecen de conexidad material con el conflicto armado”, dijo la Corte Suprema en su momento.

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Contra Arana pesan dos condenas de 8 y 40 años de prisión, dictadas por la Sala de Casación Penal en condición de miembro de los paramilitares infiltrado en la administración pública.

“Ordenó la ejecución de crímenes –inclusive de lesa humanidad– a la organización, a la que brindó apoyo desde su concomitante condición de funcionario (…) no actuó como un simple tercero colaborador o financiador ajeno a las AUC”, señaló la corte.

También advirtió que Arana se camufló “en el servicio público, contribuyó al propósito de cooptación del Estado por las autodefensas y participó de crímenes propios de la organización armada ilegal, en la que mantuvo influencia por haber sido fundador.

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La Corte Suprema tampoco ha estado de acuerdo con las admisiones a los procesados por escándalos de corrupción como el denominado  'cartel de la toga'.

“Llamar la atención sobre los perjudiciales efectos que ese tipo de control en extremo amplio en relación con los principios de prevalencia y preferencia, así como evidentemente laxo en punto de la determinación de los factores legales de competencia, puede generar sobre la legitimidad del mismo sistema de justicia transicional y la estabilidad de la jurisdicción ordinaria”, dijo en ese momento.