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Luego de varias debates en el Legislativo, la Ley de Jurisdicción Agraria y Rural, la cual busca garantizar un acceso más equitativo y eficiente a la justicia para campesinos y comunidades rurales, se aprobó por la plenaria del Senado de la República, previo al cierre de la legislatura del primer semestre del año.
El proyecto será revisado por la Corte Constitucional y espera ser sancionado por el presidente Gustavo Petro prontamente.
Cabe destacar que con esta Ley se definen las estructuras judiciales con jueces de circuito y tribunales agrarios, así como los criterios para definir dónde serán instalados estos despachos, teniendo como prioridad las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), núcleos de reforma agraria y zonas con cultivos de uso ilícito, entre otros.
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“Esta iniciativa tiene como finalidad proteger la propiedad rural. No contiene ninguna disposición, ni explícita ni implícita, relacionada con expropiación. Precisamente lo que hace el proyecto de ley es crear jueces especializados que resolverán pleitos y aplicarán el derecho vigente, el cual establece y protege la propiedad. La norma no modifica en absoluto la legislación sustantiva sobre la propiedad; simplemente crea un mecanismo adicional para garantizar su protección”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Por su parte, con la ley se logrará la creación de centros de apoyo técnico especializado, integrados por profesionales en distintas disciplinas que apoyarán la labor de los jueces agrarios y se crea la figura del facilitador agrario, el cual orientará gratuitamente a los potenciales usuarios y usuarias de la justicia agraria.
“En cuanto a la provisión de cargos, se realizarán concursos de méritos para seleccionar jueces y magistrados especializados en derecho agrario, administrativo y ambiental”, dijo el ministro.
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El próximo paso es el tramite y aprobación de una ley ordinaria que diseñe todo el funcionamiento de la jurisdicción agraria, este punto se realizará en la próxima Legislatura.
Dicha ley deberá establecer, entre otros aspectos, los requisitos para presentar las demandas y el procedimiento para la práctica de pruebas.
