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Se abre la posibilidad de que la Nación deba pagar más de 6 billones de pesos a las trabajadoras.
La Corte Constitucional dejó abierta la puerta para que más de 56 mil madres comunitarias reclamen, por medio de tutela, los salarios que dejaron de recibir durante décadas, ya que solo desde enero de 2014 se les paga mesada. Además, la Corte ordenó que se les debe cancelar la pensión, derecho al que tampoco tenían acceso.
Las madres comunitarias se constituyeron desde hace 40 años, su labor inició como un trabajo solidario con recursos de donaciones y de juntas comunitarias, pero en 2014, el presidente Santos firmó un decreto autorizando el pago de un salario mínimo como contribución a la labor.
Para el magistrado ponente Luis Alberto Rojas, el Estado les incumplió a las madres comunitarias.
“Es un trato discriminatorio compuesto, toda vez que no se trata de una sola manifestación de discriminación, sino que comprende varios actos que fueron realizados en contra de las personas que desempeñaron la labor de madre o padre comunitario. Es continuado en la medida que duró o se mantuvo incólume por un lapso considerablemente amplio, 3 o 4 décadas aproximadamente. Es sistemático, ya que se materializó con la ejecución ordenada de múltiples actos y manifestaciones que contenían o se ajustaron a una ideología diferenciada en razón de género", afirmó el magistrado Rojas.
El ICBF se habría opuesto al pago retroactivo de los salarios y las pensiones, pues la entidad no tendría dinero para cancelar esas deudas. Se estima que el costo para la Nación sería mínimo de 6 billones de pesos.
Inicialmente la Corte protegió a 106 madres comunitarias, pero la sentencia sienta un precedente que debe ser acatado por los jueces del país a la hora resolver las demandas de las trabajadoras.
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