Policía deberá suspender el contrato para la compra de 720 Biblias

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó proteger la libertad de cultos y la figura del Estado laico.
Policía Nacional.
Policía Nacional. Crédito: Cortesía: Archivo RCN Radio.

La Policía Nacional tendrá que suspender definitivamente el contrato que tenía como objeto la compra de 720 Biblias. Así lo determinó en fallo de segunda instancia la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que ratificó la decisión que avaló las pretensiones de la Asociación de Ateos de Bogotá.

En contexto: Fallo de tutela le ordenó a la Policía suspender la compra de 720 Biblias

Tras resolver la impugnación presentada por la Policía Nacional el Tribunal determinó que con la firma de este contrato avaluado en 36 millones de pesos se estaría vulnerando la libertad de cultos y la figura de Estado laico que estableció la Constitución Política de 1991.

La Policía aseguraba que existía una justificación para la compra y distribución de estas Biblias mediante la Capillanía General de la Policía Nacional en 64 capillas de los 32 departamentos del país.

En este sentido la Institución manifestó que se buscaba la “participación de las entidades religiosas con personería jurídica reconocida, que libremente quieren participar y apoyar el desarrollo de la misión ardua de la Policía Nacional.

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Sin embargo, para el Tribunal nunca se tuvieron en cuenta los principios constitucionales. En el fallo se hizo un fuerte llamado de atención al hecho que se desconociera que Colombia es un Estado Laico y que pese a que la mayoría de los policías profesan la fe católica esto no justifica la inversión exclusiva de los recursos públicos para una religión en especial.

Tras la decisión de segunda instancia, la Asociación de Ateos de Bogotá aseguró que todas las instituciones y entidades deben velar por proteger los principios de la Constitución Política. En este caso se debe garantizar la “neutralidad del Estado en materia religiosa” atendiendo los fallos emitidos por la corte Constitucional.

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Los accionantes consideraron que cualquier entidad debe abstenerse de utilizar los recursos públicos para adquirir elementos que hagan referencia a una determinada religión.


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