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Esto quiere decir, informó la Contraloría, la configuración de un hallazgo con incidencia fiscal por $3.627 millones de pesos.
El reporte del organismo de control señala además que "más allá de reconocer y pagar obras no ejecutadas, así como mayores cantidades de obra que no se encuentran debidamente avaladas, se encuentra que los recursos públicos no fueron invertidos en cumplimiento del objeto contractual y tampoco han sido reembolsados a la administración distrital".
Lo que implica que se giró un anticipo de obra del 50% (de $1.921 millones) sin haberse contratado la interventoría externa, que tiene como una de sus funciones vigilar la correcta inversión de los anticipos.
Así mismo, explicó la Contraloría, "durante los 3 primeros meses de ejecución, el contrato de obra careció de interventoría externa y el seguimiento al mismo fue asignado al Secretario de Infraestructura Vial del Distrito de Buenaventura".
Posteriormente, el 26 de noviembre de 2015, cuando ya estaba vigente el contrato de interventoría externa (suscrito el 15 de noviembre), el Secretario de Infraestructura Vial, sin el aval del interventor, suscribió el acta de pago parcial y solicitó el pago de la misma por valor de $3.413 millones (se amortizó al anticipo el 50%, correspondiente a $1.706 millones, y un desembolso al contratista del 50% por un valor similar, $1.706 millones).
"Por lo tanto, se ha cancelado el 94,1%, correspondiente a $3.413 millones de los recursos. Es decir, se pagó la casi totalidad de la obra como si su avance físico correspondiera a dicho porcentaje", reveló la Contraloría.
Según la Contraloría, los hechos mencionados “reflejan una deficiente planeación y falta de control en la ejecución del contrato de obra, debido a que se realizaron los desembolsos al contratista sin cumplir los requisitos exigidos por la ley, como es contar con una interventoría que avale el plan de inversión del anticipo y las obras ejecutadas para su correspondiente pago".
Por último, informó el organismo, a la fecha de la visita técnica que realizaron los funcionarios, el 18 de agosto de 2016, no había acta de suspensión, prórroga o adición que evitara el vencimiento del contrato el día 30 de junio de 2016, lo que configuró un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $3.627 millones.
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