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El Consejo de Estado condenó a la Nación por haber detenido a la expresidente del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez por un caso de presunto tráfico de influencias del que fue absuelta.
La demanda se originó en 2008 cuando Gutiérrez se desempeñaba como presidenta del Senado, y en una intervención señaló a la actual congresista Piedad Córdoba de viajar por el mundo desprestigiando a Colombia.
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Como sustento de su denuncia, la exsenadora presentó las facturas del hotel en el que Córdoba se habría hospedado en Ciudad de México que habría sido pagado por un partido político de ese país.
Esta denuncia se convirtió en una investigación contra la expresidenta de la corporación en la Corte Suprema de Justicia por presunto tráfico de influencias, pues habría usado su cargo para que un funcionario del DAS le entregara las facturas.
Durante los años de la investigación la corte ordenó la captura de Gutiérrez, sin embargo, tiempo después, la ahora candidata a la Gobernación de Cundinamarca fue absuelta porque no había plena confianza en la declaración de la funcionaria.
La excongresista demandó a la Rama Judicial por haberla privado de la libertad por un delito que no cometió por lo que pidió ser indemnizada por daños y perjuicios sufridos durante el proceso judicial.
Para el Consejo de Estado, la parte demandada, que sería la Rama Judicial "no acreditó que la víctima directa hubiera realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para la imposición de la medida de aseguramiento. Así mismo, de las pruebas aportadas al proceso la Sala tampoco encuentra configurada la culpa exclusiva de la víctima".
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Frente a esto, el tribunal condenó a la Nación a pagar una suma de más de 206 millones de pesos a la candidata a la gobernación de Cundinamarca para reparar los daños morales causados por la captura.
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