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Debido a la incursión guerrillera a San Calixto, Norte de Santander, en 1997, por parte de las guerrillas del EPL y ELN, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por considerar que se presentaron fallas por parte de las instituciones de defensa y seguridad para proteger la vida de los habitantes de ese municipio.
Según el alto tribunal, la Policía debió garantizar la vida e integridad de los pobladores del municipio de Norte de Santander.
En ese sentido, tanto el Ministerio de Defensa como la Policía Nacional tendrán que indemnizar a las familias de quienes perecieron en la toma guerrillera, entre ellos el personero de San Calixto, José Estanislao Amaya Páez, quien murió en el ataque.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo consideró que, a pesar que no se pudo determinar la total responsabilidad de la Fuerza Pública, sí existió una omisión al no garantizar la protección de los pobladores.
La muerte del personero municipal permite ser catalogada bajo las normas distintivas de la anormalidad y especialidad, "aún cuando desde una perspectiva causal no existe certidumbre de si el hecho dañoso tuvo su génesis material en la acción desplegada por el grupo armado insurgente, lo que a la postre llevaría a plantear la existencia del hecho de un tercero”.
Cabe anotar que en los hechos los subversivos atacaron la estación de Policía, la oficina de Telecom, la iglesia, y el colegio del municipio y que desde el consejo de Estado señalaron que existió un daño “dada la desproporcionalidad de las cargas públicas".
