Condenan a miembros de red de corrupción que obtenía millonarios contratos

Creaban empresas de papel para participar en convocatorias públicas en las que, a través de maniobras, se quedaban con las licitaciones.

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Jueves, Junio 25, 2020 - 20:03
Red de corrupción en la contratación pública
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Un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a Ricardo Méndez, Hermes David Arévalo Pissa, Luis Fernando Bayona Mora y Fabián Schineider Franco, por haber creado un modelo ilegal con el que conformaron empresas de papel para participar en subastas públicas.

El método de esta red era fingir libre competencia para quedarse con millonarios contratos para el suministro de insumos de papelería para entidades públicas.

La Fiscalía logró demostrar que, al conformar falsas empresas que solo existían en el papel, se presentaron como independientes para lograr participar en las licitaciones y aparentar que eran participantes para finalmente obtener los contratos.

A través de correos electrónicos se concertaron para planear que empresa se quedaría con los contratos y que esta distribuiría el dinero a través de una bolsa.

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La red de corrupción participó en convocatorias realizadas por la Gobernación de Antioquia, el Sena, Seccional Antioquia, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.

“En todos los casos se estableció que las entidades no pagaron valores por encima de los establecidos en la ley. El reparto de bolsa fue comprobada durante la investigación en los procesos precontractuales en la Gobernación y Sena Seccional Antioquia”, reseñó la Fiscalía.

Como coautor fue condenado a 48 meses de cárcel Ricardo Méndez, quien ideó el plan para ganarse ilegalmente la contratación, por lo que lo acusaron del delito de acuerdos restrictivos de la competencia.

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Los otros tres sujetos deberán pasar 36 meses privados de la libertad, por haber sido cómplices en la comisión de las conductas punibles.

Pese a que reconocieron haber liderado la red de corrupción, el juez consideró que como se trató de delitos contra la administración pública, no tenían derecho a beneficios.

Sin embargo, serán enviados a un centro de reclusión, una vez se levante la emergencia carcelaria generada por el coronavirus.