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La decisión del Consejo ordenó al Estado el pago de más de 1.300 millones de pesos, por concepto de perjuicios morales a la víctima y sus familiares, debido a los tratos inhumanos que recibió durante sus 18 meses de cautiverio.
Así mismo, exhortó al presidente de la República, como cabeza de las negociaciones de paz en La Habana, para que se transmita a las Farc y a sus dirigentes la necesidad de ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido y explicar los hechos que constituyeron el secuestro, dentro de los dos meses siguientes.
La Sección Tercera explicó que, en este caso, el secuestro se debió a un conjunto de actividades desplegadas en contra de la población civil, las cuales se desarrollaron con la anuencia, por la debilidad o deficiencia del Estado en el mantenimiento de la soberanía y la seguridad de los derechos de los ciudadanos luego de la terminación de las negociaciones de paz y de la zona de distención.
La jurisprudencia del alto tribunal ha sido reiterada en el sentido de que el secuestro y el sometimiento a tratos crueles e inhumanos de civiles dentro del conflicto armado son manifestaciones de grave vulneración de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y constitutivos de un acto de lesa humanidad. En este caso, la víctima, además de ser un miembro de la población era un actor político.
En el caso analizado, el Alto Tribunal evidenció que el Estado no buscó prevenir el accionar de los grupos insurgentes y su práctica de secuestros, sino que se limitó a constatar y procurar su rescate. Además, no tuvo en cuenta que en el departamento del Huila se concentraba la mayor presencia de grupos armados insurgentes.
Finalmente, la sentencia ordena algunas medidas de reparación integral como la inclusión del fallo en el centro de memoria histórica, que los ministerios del Interior y de Justicia difundan la sentencia y que se envíe copia de la misma para que la Fiscalía y demás autoridades evalúen la continuación de investigaciones penales para determinar si las Farc y sus máximos responsables incurrieron en violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.
