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La Fiscalía Segunda delegada Ante la Corte Suprema de Justicia advirtió que, a una pena que oscila entre los 14 y los 18 años de prisión, se enfrenta, de ser hallado culpable, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en un millonario contrato relacionado con el megaproyecto de infraestructura de Hidroituango.
De igual forma, la Fiscalía señaló que en atención a los hechos investigados como coautor del delito de interés indebido en la celebración de contratos se podría exponer al pago de una multa que asciende a los 300 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos de 18 años.
Tras no haber aceptado cargos durante la imputación en su contra, la Fiscalía prepara el escrito de acusación que radicará contra el exmandatario departamental, con el fin de que se adelante el juicio ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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Según los investigadores, el 30 de marzo de 2011 Hidroituango SA ESP y EPM Ituango SA ESP celebraron un contrato denominado BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer).
El objetivo de dicho contrato fue la financiación para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la generadora hidroeléctrica Pescadero-Ituango.
La fiscal delegada para este caso detectó que para la época de los hechos la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquía (Idea), participaron directamente en la celebración y trámite del citado contrato el cual fue entregado mediante una negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM ESP).
En el desarrollo de las investigaciones se estableció que esta actuación presuntamente vulnera los principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y las diferentes normas.
“El imputado de manera consciente y voluntaria y se interesó de manera indebida en la celebración del contrato BOOMT en favor de EPM ESP, violó los principios de planeación, transparencia, economía, buena fe, responsabilidad y el deber de selección objetiva que garantizan el cumplimiento de los fines propios del Estado”, indicó la fiscal delegada en la audiencia de imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
De acuerdo con la funcionaria judicial, el entonces gobernador de Antioquia llevó a cabo un proceso de negociación paralelo para favorecer a EPM ESP.
“El interés general que persigue la contratación, en especial aquella destinada a satisfacerla demanda de la energía eléctrica de la Nación, por ende, se afectó el bien jurídico de la administración pública”, dijo.
En atención a los elementos de prueba recolectados, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exgobernador de Antioquia por la supuesta comisión del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
“Ninguna razón justifica la conducta del gobernador Ramos Botero, si bien se trata de un régimen excepcional de contratación, el respeto por los principios propios de la contratación pública es de obligatorio cumplimiento y su inobservancia en este caso tipifica la conducta de interés indebido en la celebración de contratos”, afirmó la fiscal delegada.
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Cabe mencionar que estos mismos hechos aparecen investigados el exgerente del Idea, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; al exalcalde de Medellín, Fabio Alfonso Salazar Jaramillo y al exgerente general de EPM ESP, Federico José Restrepo Posada.
El proceso contra Ramos se suma a otras líneas de investigación que se siguen en relación con graves inconsistencias detectadas con la megaobra de Hidroituango, por el que aparecen implicadas otras cuatro personas.
