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Este jueves se conmemora el Día de la Odontología Latinoamericana, fecha en la que profesionales de esta disciplina celebran que un 3 de octubre de 1917 se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana luego de un congreso adelantado en Santiago de Chile.
El caso coincide con las imágenes reveladas de odontólogos colombianos participando en la fuga de la excongresista Aida Merlano, condenada a 15 años de prisión por compra de votos. El caso generó destituciones. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, solicitó la renuncia del director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general William Ruiz Garzón, por la fuga de la excongresista del Partido Conservador.
La ministra también pidió la remoción de la directora y subdirectora de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde cumplía su condena la excongresista que había sido elegida como senadora para el periodo 2018-2022, pero que no asumió el cargo.
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Merlano se fugó este martes cuando asistía a una cita con un odontólogo en un centro médico privado en el norte de Bogotá. Durante la cita, se descolgó por la ventana sirviéndose de un lazo hasta la calle, donde la esperaba un motociclista con el que huyó.
Ante esta situación, la ministra Cabello Blanco aseguró que el Ministerio de Justicia solicitará a la Procuraduría General "para mayor transparencia" que "en ejercicio del uso de su poder preferente, inicie las investigaciones disciplinarias correspondientes para determinar si existió alguna acción u omisión por parte de funcionarios del Inpec". Además, mostró su confianza en que la Fiscalía General establezca "con la mayor diligencia las responsabilidades penales" que se desprendan del caso.
El objetivo es que de ese modo se determine "si existió el delito de 'favorecimiento de la fuga' o cualquier otra conducta punible" por parte de funcionarios públicos o de otras personas. Asimismo, la ministra explicó que su departamento tomará las acciones necesarias para que, a través del Inpec, "se revise el adecuado cumplimiento de los protocolos de seguridad aplicables a las personas privadas de la libertad".
Finalmente, solicitó a la Policía que "desplieguen todo su accionar para recapturar lo más pronto posible a Aída Merlano". Y concluyó: "esta señora privada de la libertad se ha burlado de la sociedad colombiana, del sistema de justicia y del ordenamiento jurídico de manera inaceptable, y ni el Gobierno, ni yo como ministra de Justicia, permitiré que este tipo de situaciones se repitan".
La Procuraduría también abrió una investigación y suspensión por tres meses a ochos funcionarios de la cárcel El Buen Pastor, entre ellos la directora, la subdirectora y el comandante de custodia y vigilancia. Esta medida que tiene carácter cautelar también afecta al inspector jefe y a cuatro guardias.
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Con la investigación se busca establecer las razones que llevaron a bajar el nivel de seguridad de Merlano, lo que implicó que su desplazamiento al centro médico y que no estuviera acompañado de fuerza pública y un grupo operativo, como sucedió hasta mayo. La investidura de la política, nacida en Barranquilla en 1976 y representante a la Cámara entre 2014 y 2018, fue anulada en septiembre del año pasado por el Consejo de Estado por superar los gastos máximos establecidos por la ley para la financiación de campañas electorales.
El Consejo de Estado detalló que el Consejo Nacional Electoral estableció en poco más de 884 millones de pesos el máximo permitido para campañas. Sin embargo, Merlano gastó más de 1.730 millones de pesos en su candidatura, según las pruebas recogidas por la Fiscalía General. La investigación de esa entidad también señaló que la exrepresentante a la Cámara pagó más de 6.000 millones de pesos en votos en la Costa Caribe colombiana para las elecciones legislativas de marzo, hecho por el que fue enviada a la cárcel, al igual que el empresario Julio Gerlein, hermano del exsenador Roberto Gerlein.
