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En un operativo, la Fiscalía General y la Policía Nacional capturó a siete personas que hacían parte del consejo comunitario de la comunidad negra de la vereda La Esperanza de Buenaventura (Valle del Cauca), por las actividades ilegales de deforestación y loteo de 124 hectáreas de bosque, en una zona de protección especial sobre la cual existen medidas cautelares para salvaguardar los recursos naturales y la biodiversidad.
Según la investigación de la Fiscalía, sobre el predio que entregó el Estado a las comunidades nativas de la región, supuestamente estaba siendo explotado y vendido ilegalmente por algunos de los integrantes de dicho consejo comunitario.
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También se concluyó que, al parecer, se creó una organización delincuencial que vendía partes de dicho terreno para la construcción de casas de descanso y diversión.
Teniendo en cuenta que dicho predio no podía ser fraccionado, ni mucho menos vendido, puesto que no existe un solo propietario sino una comunidad.
Los más antiguos residentes del sector no conocían a cerca de la división ni venta de parte del terreno. Según el ente investigador, en los alrededores de las instalaciones del consejo comunitario, se talaban los árboles y la madera era sacada y transportada sin permisos legales para la comercialización en Buenaventura y Cali.
Presuntamente cobraban hasta 20 millones de pesos, por la tala de árboles para el inicio de obras de construcción de casas quintas, en este lugar.
La directora Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Deicy Jaramillo Rivera, señaló que por estos hechos le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, daño en los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica y explotación de yacimientos mineros.
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Los procesados son: Javier Gamboa Rodríguez, coordinador de la junta directiva del consejo comunitario de la comunidad negra de la vereda La Esperanza; Robinson Suárez, representante legal; Milton Salcedo, vicepresidente; Corpolino Rodallega, señalado de articular la tala de bosque; Ricardo Angulo y Eduardo Angulo, quienes serían los supuestos responsables de preparar los terrenos, y Heriberto Riascos Román, presunto coordinador de tierras.
Un juez de control de garantías se abstuvo de enviarlos a la cárcel, por lo que les impuso medidas restrictivas y por lo tanto seguirán involucrados en el proceso.
