Caída del procurador Alejandro Ordóñez divide al país

 

Alejandro Ordóñez fue elegido en 2008 por el Senado durante el gobierno de Álvaro Uribe y reelecto en 2012, durante el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos, tras ser nominado por la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, "declaró la nulidad de la reelección" del procurador, "al encontrar que se desconoció el artículo 126 de la Constitución Política", según dijo el magistrado Jorge Octavio Ramírez. Dicho apartado "consagra una prohibición que acarrea la nulidad del acto de elección, nombramiento o postulación de un funcionario que hubiere designado a sus electores, postulantes o familiares cercanos, en cargo que le corresponde proveer", explicó.

 

 

 

 

Ordóñez nombró en cargos públicos a parientes de magistrados de la Corte Suprema, el mismo órgano que lo nominó, según sostuvo Ramírez. "En vista de esas designaciones, la Corte Suprema no podía postular al doctor Ordóñez", explicó Ramírez, quien afirmó que una vez se publique el proyecto de nulidad el Ministerio Público deberá designar a un procurador interino.

 

Tras conocer la sentencia, Ordóñez dijo aceptar el fallo, pero lo catalogó como una persecución política por oponerse "al rompimiento del orden constitucional que propone el Gobierno (en el acuerdo de paz con las Farc), por oponerme a la familia y la vida". Ordóñez es conocido por sus férreas posturas ultraconservadoras, entre ellas su oposición al matrimonio y a la adopción entre parejas homosexuales, al aborto y a la despenalización de la droga.

 

También es un duro crítico del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno de Santos y las Farc para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado. La reelección de Ordóñez, que debía permanecer en el cargo hasta diciembre, fue demandada hace tres años por la ONG Dejusticia. "El procurador nombró o mantuvo en cargos que no son de carrera a familiares cercanos de varios magistrados de la Corte Suprema", escribió el jurista Rodrigo Uprimny, uno de los demandantes, en el diario El Espectador el año pasado. 

 

Durante sus casi ocho años en el cargo, Ordóñez llevó adelante cientos de destituciones e inhabilitaciones por corrupción de funcionarios, entre ellos, en particular contra la exsenadora Piedad Córdoba, recientemente levantado, y contra el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, que tampoco prosperó por las medidas cautelares que se le impusieron.