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La Fiscalía General de la Nación adelanta un total de 14 líneas de investigación por hechos relacionados con interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales, que fueron cometidas por exfuncionarios de esa misma entidad, oficiales retirados de la Policía y el Ejército Nacional y el nuevo escándalo que hoy salpica al general Nicacio Martínez.
En una de estas líneas de investigación que se produjo el año pasado por las 'chuzadas' de las que hacían parte oficiales retirados del Ejército y la Policía como el general Humberto Guatibonza, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, ya se ha logrado una sentencia condenatoria, además de una acusación, cinco procesos que se encuentran en etapa de juicio y otras cinco investigaciones que siguen en curso.
En junio del año pasado, un juez de conocimiento de Bogotá emitió una condena de ocho años y cuatro meses de prisión contra Luis Carlos Gómez Góngora, coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía General, por estar implicado con el escándalo de las chuzadas telefónicas ilegales.
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Asimismo, LA FM conoció que próximamente se preparan por parte de la Fiscalía nuevas imputaciones de cargos contra otros exfuncionarios y oficiales implicados.
En el caso del senador Roy Barreras, cuyo proceso por denuncias sobre las 'chuzadas' fue archivado, LA FM conoció que el congresista se entrevistará directamente con el fiscal general encargado Fabio Espitia, para discutir ese archivo y evaluar la posibilidad de reabrir el caso.
La investigación adelantada el año pasado permitió determinar que a través del sistema Esperanza de la Fiscalía, no se presentó ninguna interceptación telefónica irregular a magistrados de las altas cortes.
Sin embargo, esa entidad adelantará un informe técnico de investigación con el que busca aclarar los hechos que rodearon el hallazgo de un micrófono en la oficina del magistrado de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes Medina, quien investiga al senador Álvaro Uribe Vélez, por una presunta manipulación de testigos.
Igualmente, fue enviado un grupo especial a la ciudad de Cali para indagar las circunstancias en las que fue hallado un micrófono que fue descubierto en las oficinas de la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca, tras las denuncias del nuevo alcalde Jorge Iván Ospina.
¿Fueron chuzados?
Con relación a las denuncias de supuestas 'chuzadas' a negociadores de paz y otros políticos y personalidades valiéndose de plataformas de la Fiscalía, las autoridades de policía arrojaron las siguientes conclusiones, tras una verificación a los abonados telefónicos:
Se encontró una interceptación a la exsenadora Piedad Córdoba en 2019 y a Álvaro Leyva Durán en 2013 y se solicitó la respectiva verificación del proceso para establecer si dichas actuaciones fueron adelantadas de manera legal, o si se realizaron incumpliendo los protocolos establecidos, como lo han señalado dos exfuncionarios de la Fiscalía,
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Con relación a Consuelo Parra y Lina Sierra, abogadas de los integrantes del ‘Clan del Golfo’, se están verificando unas interceptaciones intermitentes que vienen desde el 2009 y hasta 2016.
Cabe mencionar que en el caso del empresario del proceso Hyundai Carlos Mattos y su exabogado Alex Vernot, sí hubo unas interceptaciones que fueron legalmente practicadas y autorizadas por los jueces dentro de la investigación por corrupción judicial.
De otro lado, la Fiscalía también determinó que no existió ningún tipo de seguimiento a los abonados telefónicos del senador Iván Cepeda, el ex negociador Humberto de la Calle y tampoco a los asesores jurídicos de la extinta guerrilla de las Farc, Enrique Santiago y Diego Martínez.
Tampoco se encontró registro alguno de una interceptación a los abonados telefónicos del presidente de la sala del tribunal de arbitramento, Jorge Enrique Ibáñez, quien ha tenido a su cargo el caso del escándalo de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.
Con relación al último capítulo por el nuevo escándalo de 'chuzadas' en el Ejército Nacional y que salpica al general Nicacio Martínez, la investigación preliminar fue asumida por un fiscal de la Unidad Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia, quien iniciará las indagaciones valorando el informe técnico elaborado por el Ministerio de Defensa.
Posteriormente, el fiscal delegado practicará las respectivas pruebas técnicas en las que citará a que rindan entrevista e interrogatorios varios funcionarios, uniformados, generales y otros oficiales presuntamente implicados.
