El vehículo, acondicionado con una rampa de lanzamiento, transportaba cinco cilindros bomba; uno explotó y los otros cayeron dentro del cantón militar.
Según la Fiscalía se le atribuye el pago de 348 millones de pesos a integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera para permitir la entrada y salida irregular de cargamentos por el puerto de Cartagena.