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Por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, Adriana María Maya Gallego, alcaldesa electa de Liborina, Occidente antioqueño, fue capturada por la Fiscalía.
Entre tanto, también fue detenida Norelly Sanmiguel, quien fue secretaria de Planeación del municipio, así como dos particulares asociados a las empresas que participaron en los contratos que hoy comprometen a Maya Gallego.
La mandataria electa fue gobernante de Liborina entre los años 2012 y 2015, tiempo en el que habría cometido los delitos que estaríanrelacionados con un presunto detrimento patrimonial en la construcción del acueducto, en un corregimiento de esa localidad.
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La secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, dijo que que están analizando las circunstancias jurídicas y penales, por lo tanto esperarán las decisiones de los jueces para verificar si se puede posicionar o no como alcaldes electa para el periodo 2020-2024.
Por ahora, la mujer será presentada ante un juez para que legalice la captura y defina si le impone medida de aseguramiento o la deja en libertad.
Otro caso
La Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda de nulidad de la elección del alcalde de Caucasia, Leiderman Ortiz Berrío, porque habría celebrado contratos con la Empresa Social del Estado Hospital César Uribe Piedrahíta, el 27 de noviembre de 2018, lo cual está abiertamente prohibido por la ley.
La acción legal fue presentada por la abogada Daniela González Meneses, quien solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto que lo declaró como mandatario de esa población del Bajo Cauca antioqueño para el periodo 2020 - 2023.
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Según la demandante, los directivos del hospital “ocultaron la existencia de los convenios celebrados por la ESE con el demandado, los cuales se encuentran plenamente demostrados”. Aseguró que el gerente Orlando Rodríguez Álvarez pertenece al Partido de La U, que le dio el aval a Ortiz Berrío.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, con ponencia de la magistrada Beatriz Elena Jaramillo Muñoz, notificará la decisión a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación.
Ortiz Berrío es uno de los periodistas más amenazados del país y ha sufrido varios atentados por denunciar en su medio de comunicación hechos de corrupción y a miembros de grupos armados organizados, que delinquen en la región.
Por ahora, Leiderman Ortiz Berrío no se pronunciará sobre la decisión del alto tribunal, porque primero se asesorará de sus abogados.
