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La Contraloría abrió dos procesos de responsabilidad contra funcionarios del Fondo para la Reparación de Víctimas por irregularidades en la administración de doce inmuebles.
"La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la corrupción, ordenó la apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal, en contra de algunos coordinadores y funcionarios del Grupo Administrador del Fondo para la Reparación de Víctimas”, sostuvo el organismo.
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Los bienes que le son entregados por desmovilizados de grupos armados ilegales, tienen como propósito obtener recursos para lograr el pago de sentencias en los procesos de reparación integral a favor de las víctimas del conflicto armado en la justicia y paz transicional.
"Estas aperturas de proceso se generan por las presuntas irregularidades encontradas en la administración y monetización de los bienes entregados por los desmovilizados de los grupos armados, dentro del marco de la ley de Justicia y Paz”, indicó el ente de control.
De acuerdo con la Contraloría, fue establecida la existencia de un daño patrimonial ocasionado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, uno por $15.284 millones y otro por $872 millones.
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Entre las presuntas irregularidades en la administración y monetización de los bienes entregados al Fondo de Reparación de Víctimas están el no cobro de los cánones de arriendo, permitir por descuido, el deterioro de los bienes hasta llevarlos a ruina o amenaza de ruina.
También se habría efectuado la venta de bienes por debajo de los precios del mercado, lo anterior, debido a una indebida administración y producción de los bienes destinados a las actividades agrícolas y forestales, y por mantener bienes en el paso del tiempo, sin ningún sistema de administración, entre otros.
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